El expresidente Gabriel Boric reiteró sus críticas a la incorporación de Chile al Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por el gobierno de José Antonio Kast. Esta postura se produce tras la carta publicada por el exmandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien defendió la medida como una herramienta indispensable para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Boric, quien suscribió una declaración conjunta con Michelle Bachelet, aclaró que su rechazo no se debe a la cooperación contra el delito, sino a las implicancias geopolíticas del acuerdo. El exmandatario argumentó que el pacto trasciende la seguridad al incluir cláusulas sobre el resguardo de cadenas de suministro de minerales críticos y mecanismos de defensa con ejércitos extranjeros. Según Boric, estos puntos comprometen la autonomía estratégica de Chile y su capacidad de mantener relaciones comerciales con diversas potencias, incluyendo China. Por su parte, Frei sostuvo que el país no puede permanecer al margen de una estrategia regional que busca desarticular bandas criminales y fortalecer la coordinación fronteriza. La controversia ha generado una fisura política, tanto en la oposición como en la Democracia Cristiana, partido de Frei. Mientras el oficialismo valora el respaldo del exmandatario como una visión de Estado, sectores del progresismo insisten en que la adhesión contraviene principios históricos de la política exterior chilena. Boric aprovechó la instancia para llamar a su sector a revisar sus estrategias electorales, reconociendo la necesidad de recuperar mayorías tras los resultados de los últimos comicios.

Análisis político

La estrategia política observada revela una fractura en la tradición diplomática chilena, donde el oficialismo busca alinear al país con los intereses de seguridad de Estados Unidos, mientras el progresismo intenta preservar una autonomía estratégica que evite la subordinación geopolítica. El uso de figuras históricas como Frei para validar políticas gubernamentales busca neutralizar las críticas de exmandatarios como Bachelet y Boric, intentando presentar la adhesión como una necesidad pragmática frente a la crisis de seguridad, despojándola de su carga ideológica. En este escenario, el gobierno de Kast gana un aliado de peso que legitima su agenda internacional, pero a costa de profundizar la división en la oposición. Por su parte, Boric pierde terreno en la narrativa de unidad de su sector al enfrentar el desmarque de Frei, aunque intenta capitalizar el debate para reposicionar al progresismo en temas de soberanía. La construcción de narrativas es divergente: el oficialismo enfatiza la urgencia de combatir el crimen organizado, mientras que el progresismo advierte sobre los riesgos de una soberanía limitada y la injerencia de potencias en la gestión de recursos estratégicos.