El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, descartó de manera tajante cualquier plan de privatización o apertura a la bolsa de la minera estatal. Esta declaración surge como respuesta directa a la propuesta del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien planteó la necesidad de incorporar capital privado para inyectar oxígeno a la compañía. Fontaine enfatizó que el compromiso actual de la administración es recuperar la eficiencia y el liderazgo de la empresa bajo un modelo de propiedad 100% estatal. La estrategia de la administración se centra en un plan de recuperación que incluye ordenar la gestión interna, mejorar los flujos operativos y reducir costos. Fontaine señaló que la empresa enfrenta una crisis de producción y burocracia, por lo que se priorizarán inversiones rentables y se evaluará la venta de activos minoritarios. El ejecutivo sostiene que, a diferencia de lo que se argumenta sobre la baja ley de los yacimientos, el problema principal radica en la gestión operativa, la cual busca optimizar mediante alianzas público-privadas específicas. El debate ha generado reacciones diversas en el espectro político chileno, con sectores de la oposición rechazando la idea de privatizar un activo estratégico nacional. Mientras el gobierno ha mantenido una postura cautelosa, el directorio de Codelco insiste en que las condiciones actuales no permiten ni requieren una apertura bursátil. La prioridad declarada es fortalecer la transparencia y la seguridad operacional antes de considerar cualquier cambio estructural en la forma de operar de la corporación.

Análisis político

La estrategia política observada refleja una tensión entre la ortodoxia de mercado, impulsada por sectores como el Partido Republicano, y la gestión pragmática de la administración de Codelco, que busca evitar el costo político de una privatización. Al descartar la venta de la empresa, Fontaine logra contener el conflicto ideológico, enfocando el debate en la eficiencia técnica y la gestión, lo cual le permite ganar legitimidad ante los trabajadores y sectores que defienden el rol estatal de la minera. En este escenario, el gran perdedor es la narrativa de privatización total, que queda aislada como una propuesta radical sin respaldo en la administración actual. Por otro lado, el gobierno y el directorio de Codelco ganan control sobre la agenda al posicionarse como los reformadores que buscan 'ordenar la casa' sin alterar la propiedad, construyendo una narrativa de modernización interna frente a la propuesta de cambio de propiedad de los republicanos.