Un grupo de congresistas pertenecientes al Partido Conservador, Salvación Nacional y la bancada provida radicó un proyecto de acto legislativo ante el Congreso de la República. La iniciativa busca reformar el artículo 11 de la Constitución Política para establecer explícitamente que la vida humana comienza desde la fecundación y debe gozar de protección constitucional. Los autores argumentan que el debate sobre el aborto ha sido definido históricamente por interpretaciones judiciales y no por el legislativo, por lo que consideran necesario abrir una discusión democrática sobre el tema. Los promotores del proyecto, entre quienes se encuentran Carol Borda, Sara Castellanos, Luis Miguel López y David Cote, sostienen que la propuesta se fundamenta en argumentos biológicos, constitucionales e internacionales. El articulado plantea reconocer al ser humano en gestación como sujeto de especial protección debido a su vulnerabilidad y dependencia. Además, los congresistas vinculan la iniciativa con el contexto demográfico actual, citando cifras del DANE sobre la disminución de nacimientos en el país durante 2025. El proyecto deberá superar ocho debates en el Congreso para convertirse en una reforma constitucional, enfrentándose al marco jurídico vigente establecido por la Corte Constitucional. La normativa actual permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación, según la Sentencia C-055 de 2022, y bajo tres causales específicas tras dicho periodo. En caso de ser aprobado, el texto podría ser objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional, entidad que los impulsores critican por haber asumido funciones legislativas en esta materia.

Análisis político

La estrategia política de los congresistas se centra en recuperar la capacidad de decisión del Legislativo frente a lo que denominan un activismo judicial de la Corte Constitucional. Al presentar un acto legislativo, los promotores buscan desplazar el eje de la discusión desde el derecho reproductivo hacia la protección de la vida como un mandato constitucional explícito, intentando forzar una postura pública de los demás partidos en el Congreso. En este escenario, los sectores conservadores y provida ganan visibilidad y movilizan a su base electoral, mientras que los defensores de los derechos reproductivos pierden terreno al verse obligados a defender un marco jurídico que ya había sido consolidado por la vía judicial. La narrativa se construye mediante una dicotomía entre la soberanía del Congreso como representante del pueblo y la legitimidad de las sentencias de la Corte, lo que anticipa un enfrentamiento institucional de alto impacto.