Una avalancha en el sector de la Laguna del Inca, cerca del centro de esquí Portillo, provocó la muerte de tres montañistas pertenecientes al Andino Club Pamir. El grupo de siete excursionistas fue arrastrado por un deslizamiento de nieve mientras ascendían hacia la cima del cerro Los Tres Hermanos el pasado sábado. Dos de los cuerpos fueron recuperados, mientras que la búsqueda del tercero fue suspendida temporalmente debido a las condiciones climáticas adversas y el riesgo de nuevos aludes. Las víctimas fatales identificadas son Magdalena Acuña y Rodrigo Peña, mientras que Susana Madrid Nawrath figura entre los sobrevivientes que recibieron atención médica. El Andino Club Pamir informó que los afectados participaban en una expedición particular y habían decidido regresar a sus vehículos al notar las condiciones inestables de la montaña. Las autoridades confirmaron que el operativo de rescate, que involucró a más de 40 efectivos de la Armada, Carabineros, Ejército y PDI, se retomará el próximo jueves. El alcalde de Los Andes, Manuel Rivera, señaló que el área de la laguna es propiedad privada con restricciones de acceso, aunque los cerros aledaños permanecen abiertos al tránsito de montañistas. La Fiscalía investiga las circunstancias del accidente, mientras que la PDI ha indicado que, por el momento, los involucrados son tratados como testigos y víctimas. La Armada de Chile mantiene el despliegue de buzos especializados y vehículos submarinos para localizar el cuerpo restante en una zona de alta complejidad geográfica.

Análisis político

La gestión de este evento revela una tensión recurrente en Chile entre la libertad de acceso a zonas de montaña y la responsabilidad estatal en la regulación de actividades de riesgo. Se observa una estrategia de control de daños por parte de las autoridades locales y el club afectado, quienes buscan deslindar responsabilidades institucionales enfatizando la naturaleza 'particular' de la expedición y la autonomía de los montañistas. La narrativa oficial se centra en la coordinación interinstitucional y la seguridad de los rescatistas, evitando prematuramente la judicialización del caso. En este escenario, el Estado y las autoridades locales ganan legitimidad al demostrar una respuesta rápida y coordinada, mientras que el sector privado (el hotel) se protege mediante la señalización de advertencia y la aclaración de los límites de su propiedad. Los montañistas y sus organizaciones pierden en términos de imagen pública, enfrentando el escrutinio sobre la toma de decisiones en condiciones climáticas adversas. La construcción de la narrativa se divide entre la fatalidad del entorno natural y la responsabilidad individual, un debate que se intensifica tras la ocurrencia de múltiples accidentes similares en la temporada.