Atentan contra el diputado Yesid Sandoval en la vía Yumbo-Dapa
Resumen
El diputado del Pacto Histórico en el Valle del Cauca, Yesid Sandoval, fue víctima de un atentado armado el domingo 2 de agosto mientras se movilizaba en su vehículo particular por la antigua vía entre Yumbo y Dapa. Hombres en motocicleta dispararon contra el automotor, impactando el vidrio del conductor, aunque el dirigente resultó ileso. El hecho fue denunciado inicialmente por la representante a la Cámara Ana Erazo, quien confirmó el estado de salud del diputado tras conversar con él.
Las autoridades departamentales, incluyendo a la gobernadora Dilian Francisca Toro y la Asamblea del Valle, rechazaron el ataque y solicitaron una investigación rigurosa para identificar a los responsables. La congresista Erazo exigió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) evaluar el nivel de riesgo de Sandoval y asignar medidas de seguridad, dado que el diputado no contaba con un esquema de protección al momento del incidente. La Asamblea Departamental calificó el suceso como un acto de violencia destinado a intimidar el ejercicio de funciones públicas.
Este evento ocurre en un contexto de alta tensión por la seguridad en el suroccidente del país, marcado por el asesinato del gobernador indígena Julián Mauricio Gutiérrez en Florida, Valle, ocurrido un día antes. Dirigentes del Pacto Histórico han vinculado ambos hechos, expresando preocupación por la seguridad de sus militantes durante la transición hacia el nuevo gobierno. Por su parte, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció instrucciones para fortalecer la presencia militar en la región como respuesta a la situación de orden público.
Análisis Político
Se observa una estrategia de visibilización y presión política por parte del Pacto Histórico, que utiliza el atentado para denunciar una supuesta vulnerabilidad de sus líderes ante la transición gubernamental. Al vincular el ataque contra Sandoval con el asesinato del gobernador indígena en Florida, el sector busca posicionar una narrativa de persecución política y exigir garantías inmediatas al Estado, capitalizando el impacto mediático para presionar a la UNP y a las autoridades locales.
En este escenario, el Pacto Histórico busca consolidarse como víctima de la violencia, mientras que el gobierno electo de Abelardo de la Espriella intenta capitalizar el evento para legitimar su agenda de seguridad y el fortalecimiento de la fuerza pública en el Valle del Cauca. Quien pierde es la estabilidad regional y la seguridad de los servidores públicos, mientras que la narrativa política se polariza entre la exigencia de protección inmediata y la promesa de mano dura como solución estructural al conflicto en la zona.
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