Un ataque con diez cilindros bomba, presuntamente perpetrado por el frente Jerónimo Galeano de las disidencias de las Farc, impactó la noche del 1 de noviembre al municipio de Planadas, Tolima. La explosión, que según las autoridades tenía como objetivo una base militar cercana, terminó afectando gravemente a la población civil, dejando un saldo de cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de dos meses, y 177 viviendas destruidas o dañadas. El hospital municipal y su farmacia también sufrieron daños significativos, complicando la atención médica en la zona. La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, calificó el hecho como un acto terrorista y anunció que denunciará el caso ante la Corte Penal Internacional por la violación del derecho internacional humanitario. La mandataria cuestionó la gestión de seguridad previa y solicitó el refuerzo inmediato de tropas del Ejército y la Policía para recuperar el control territorial. El Gobierno Nacional, por su parte, confirmó el envío de nuevos efectivos y la intensificación de operaciones contra las estructuras armadas y las economías ilícitas en el sur del departamento. La Defensoría del Pueblo advirtió que este evento es consecuencia de la expansión de la minería ilegal y la disputa territorial entre las disidencias de la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central. Habitantes de la región expresaron su profunda consternación, señalando que el ataque representa un retroceso en los esfuerzos de paz y desarrollo cafetero que el municipio había consolidado tras décadas de conflicto. Las autoridades continúan con las labores de control y la atención a las familias damnificadas por la destrucción de sus hogares.

Análisis político

La estrategia política de la Gobernación del Tolima se centra en la visibilización del abandono estatal y la exigencia de soberanía territorial, utilizando la denuncia ante instancias internacionales como la CPI para presionar al Gobierno Nacional. Al señalar la negligencia previa, la mandataria local construye una narrativa de víctima frente a un Estado central que no garantizó la seguridad, posicionándose como una líder que reclama resultados concretos ante la crisis de orden público. En este escenario, el Gobierno Nacional busca capitalizar la respuesta militar para proyectar autoridad y control, mientras que los grupos armados ilegales utilizan el terror para disputar el dominio de economías ilícitas, como la minería ilegal. Quienes pierden de manera absoluta son los habitantes de Planadas, cuya narrativa de paz y resiliencia se ve fracturada por la violencia, quedando atrapados en una disputa de poder donde la seguridad humana es sacrificada por el control de corredores estratégicos.