Un hostigamiento de más de tres horas contra la estación de Policía de El Peñol, Nariño, dejó como saldo un agente de la institución y una civil heridos. El ataque, perpetrado por disidencias de las FARC, incluyó el uso de drones para lanzar explosivos y ráfagas de fusil en pleno casco urbano. La población civil, que se encontraba en actividades de mercado y servicios religiosos, debió refugiarse en viviendas y templos ante la intensidad de los combates. El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, confirmó el despliegue de la Fuerza Pública y la convocatoria a un consejo de seguridad para evaluar la situación. Testigos locales relataron momentos de pánico mientras las detonaciones impactaban infraestructuras cercanas, incluyendo viviendas de líderes indígenas. Las autoridades militares y policiales lograron retomar el control de la zona urbana tras la intervención de refuerzos de la Brigada 23 del Ejército. Este evento subraya la creciente inseguridad en el suroccidente colombiano, donde grupos armados ilegales disputan el control de corredores estratégicos para economías ilícitas. La utilización de tecnología no convencional, como drones, marca una escalada en la modalidad delictiva de estas estructuras. Mientras la Fuerza Pública mantiene operaciones de presión, la comunidad exige garantías para permanecer en sus territorios sin quedar en medio del fuego cruzado.

Análisis político

La estrategia de los grupos armados se centra en el uso de tácticas de terror y tecnología no convencional para desafiar la presencia estatal en zonas rurales y urbanas, buscando desestabilizar el control territorial de la Fuerza Pública. Esta dinámica evidencia una disputa por el dominio de corredores estratégicos, donde la población civil es utilizada como escudo o afectada directamente por la confrontación, lo que debilita la legitimidad institucional en la región. El Estado pierde capacidad de control inmediato ante la sofisticación de los ataques, mientras que los grupos armados ganan visibilidad y capacidad de intimidación. La narrativa oficial se enfoca en la respuesta operativa y la protección de la comunidad, mientras que los actores ilegales construyen una narrativa de poder territorial mediante la violencia, dejando a la población en una posición de vulnerabilidad extrema y desconfianza hacia las promesas de seguridad estatal.