La opinión pública chilena presenta una evaluación contradictoria sobre la administración del Presidente José Antonio Kast según los sondeos publicados esta semana. Mientras la encuesta Criteria registra un repunte de cinco puntos en la aprobación del mandatario, alcanzando un 37%, el estudio Pulso Ciudadano reporta una caída que sitúa su respaldo en un 28,9%, el nivel más bajo desde el inicio de su mandato. Esta divergencia ocurre en un contexto marcado por un sistema frontal que afecta diversas zonas del país y la tramitación legislativa del proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional. El proyecto de ley, que contempla una rebaja gradual del impuesto corporativo, genera una marcada división en la ciudadanía. Los datos de Criteria indican que la percepción de efectos negativos de la iniciativa supera por primera vez a la positiva, con un 36% frente a un 35%. Por su parte, Pulso Ciudadano revela que un 43,1% de los encuestados se manifiesta en desacuerdo con la propuesta, mientras que solo un 26,1% la respalda. La preocupación por la situación económica y laboral se consolida como un factor determinante en la evaluación gubernamental. El desempleo ha emergido como el segundo problema más importante para la población, superando a otras inquietudes tradicionales. Asimismo, los encuestados expresan pesimismo sobre el impacto de la ley en la economía nacional, con una mayoría que proyecta un deterioro en las condiciones financieras del país y de los hogares en el corto plazo.

Análisis político

La estrategia política del Ejecutivo se enfrenta a una ciudadanía altamente sensible a la coyuntura económica y a los desastres naturales, lo que explica la volatilidad en las encuestas. El Gobierno intenta capitalizar la gestión de la emergencia climática para revertir el desgaste, mientras busca avanzar en una agenda de reformas estructurales que, pese a ser presentadas como una solución, enfrentan una resistencia creciente debido al temor ciudadano por el impacto en el costo de la vida y el empleo. El gran perdedor en este escenario es la estabilidad de la gestión gubernamental, que se ve atrapada entre la necesidad de impulsar medidas pro-crecimiento y la desconfianza de una base social que prioriza la seguridad económica inmediata. Por otro lado, los actores políticos de oposición y sectores críticos construyen una narrativa centrada en la ineficacia de la ley de reconstrucción, vinculándola con un posible beneficio para los sectores de mayores ingresos, lo que profundiza la polarización y dificulta la construcción de consensos legislativos.