Andes Iron desiste de recursos judiciales para buscar aprobación administrativa de proyecto DomingaActualizado · hace 51 días
Resumen
La empresa Andes Iron retiró los recursos de casación y queja que mantenía ante la Corte Suprema respecto al proyecto minero-portuario Dominga. Esta decisión busca evitar obstáculos legales y permitir que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) tramite las solicitudes de invalidación presentadas por organizaciones sociales de La Higuera. La compañía sostiene que la resolución de enero de 2025, que rechazó la iniciativa, contravino lo dictaminado previamente por el Primer Tribunal Ambiental.
El SEA admitió a trámite cuatro solicitudes de invalidación en septiembre, lo que traslada el foco de la disputa desde el Poder Judicial hacia la vía administrativa. Este nuevo escenario sitúa la definición del proyecto bajo la competencia del actual Comité de Ministros, presidido por la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo. La empresa argumenta que esta rectificación es necesaria para corregir lo que califican como un desacato administrativo cometido por la administración anterior.
Organizaciones ambientalistas como Greenpeace han manifestado su rechazo a esta estrategia, instando al Gobierno a no ceder ante presiones y a respetar la institucionalidad vigente. La agrupación mantiene una querella por presuntos delitos de cohecho y corrupción vinculados a la tramitación histórica del proyecto. Mientras tanto, el futuro de la inversión de US$ 3.000 millones permanece en suspenso a la espera de una resolución administrativa que podría derivar en nuevos procesos judiciales.
Análisis Político
La estrategia de Andes Iron refleja un cambio táctico hacia la judicialización administrativa, aprovechando el giro político del actual Gobierno, percibido como más favorable a la inversión. Al desistir de la Corte Suprema, la empresa busca capitalizar la composición del nuevo Comité de Ministros, trasladando la responsabilidad de la aprobación desde un tribunal técnico hacia una instancia política, lo que permite eludir fallos judiciales adversos previos.
En este conflicto, la empresa busca ganar legitimidad al aliarse con organizaciones sociales locales, mientras que los grupos ambientalistas pierden terreno en la vía judicial y deben reenfocar su oposición hacia la presión política sobre el Ejecutivo. La narrativa se construye bajo dos ejes contrapuestos: la empresa apela a la rectificación de un supuesto desacato administrativo para fomentar el desarrollo regional, mientras que sus detractores enfatizan la probidad y la protección ambiental como límites infranqueables para la autoridad gubernamental.
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