Andes Iron desiste de recursos judiciales para buscar aprobación administrativa de proyecto Dominga
Resumen
La empresa Andes Iron retiró los recursos de casación y queja presentados ante la Corte Suprema, poniendo fin a la vía judicial que buscaba revertir el rechazo del proyecto minero-portuario Dominga. Esta decisión mantiene vigente la resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que confirmó el rechazo administrativo dictado por el Comité de Ministros en enero de 2025. La compañía justificó su acción como una estrategia para no obstaculizar el avance de solicitudes de invalidación presentadas por organizaciones sociales de La Higuera ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
El SEA admitió a trámite cuatro solicitudes de invalidación interpuestas por organizaciones locales y sindicales, las cuales cuestionan la resolución ambiental que desestimó la inversión de US$ 3.000 millones. Aunque el organismo suspendió la tramitación de estos requerimientos mientras se resolvían los recursos en la Corte Suprema, el desistimiento de la empresa abre ahora una nueva etapa administrativa. Este procedimiento podría derivar en una revisión del caso por parte del actual Comité de Ministros, presidido por la titular de Medio Ambiente, Francisca Toledo.
La maniobra de la empresa ocurre en un contexto de alta tensión, marcado por denuncias de comunidades locales sobre el inicio de obras sin permisos y la destrucción de vegetación nativa protegida. Organizaciones civiles han calificado las acciones de Andes Iron como intentos de presión comunicacional y política. Por su parte, la empresa sostiene que busca rectificar una actuación administrativa que considera un desacato a lo resuelto previamente por el Primer Tribunal Ambiental.
Análisis Político
La estrategia de Andes Iron refleja un giro desde la confrontación judicial hacia la búsqueda de una resolución política favorable bajo la actual administración. Al desistir de la Corte Suprema, la empresa evita un fallo adverso definitivo y traslada la presión al Comité de Ministros, apostando por una instancia administrativa que percibe como más receptiva a sus intereses de inversión. Este movimiento busca capitalizar el apoyo de organizaciones sociales locales que ven en el proyecto una oportunidad de desarrollo regional, intentando legitimar la iniciativa mediante una base comunitaria que contrapese la resistencia ambientalista.
En este escenario, la empresa gana tiempo y abre una ventana de oportunidad política, mientras que las organizaciones opositoras pierden la certeza de un cierre judicial definitivo, enfrentándose ahora a una batalla administrativa incierta. La narrativa de la compañía se construye bajo la premisa de corregir un supuesto desacato administrativo, mientras que sus detractores denuncian una estrategia de hechos consumados y presión indebida. La resolución final dependerá de la capacidad del actual gobierno para equilibrar las demandas de inversión con los cuestionamientos ambientales y sociales que han marcado la historia del proyecto.
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