Álvaro Uribe propone contrarreforma pensional tras aval de la Corte Constitucional
Resumen
La Corte Constitucional avaló cerca del 90% de la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro, permitiendo su entrada en vigencia para el 1 de abril de 2027. El alto tribunal ordenó a la Cámara de Representantes debatir en un plazo de 30 días hábiles los artículos y proposiciones que presentaron vicios de trámite. Esta decisión mantiene la estructura central del sistema, que incluye un pilar contributivo con pensiones a cargo del Estado hasta por 2,3 salarios mínimos.
El expresidente Álvaro Uribe reaccionó a la sentencia calificando la reforma como una amenaza para el ahorro de los trabajadores y la sostenibilidad fiscal del país. El exmandatario propuso una contrarreforma que busca eliminar a Colpensiones como administrador de nuevas cotizaciones, sugiriendo que el sistema se base exclusivamente en la capitalización individual gestionada por fondos privados. Según su planteamiento, Colpensiones solo debería mantenerse para los afiliados actuales, sin permitir nuevos traslados ni ingresos.
La propuesta de Uribe incluye fortalecer el pilar semicontributivo mediante los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) y financiar el programa de Adulto Mayor con el presupuesto nacional. Sectores del Centro Democrático, liderados por el senador Andrés Forero, han anunciado la preparación de un proyecto de ley para corregir lo que consideran errores estructurales de la reforma. Expertos advierten que, aunque el modelo de Uribe busca proteger el ahorro, su implementación enfrentaría desafíos significativos por el costo fiscal de la transición y los altos niveles de informalidad laboral en Colombia.
Análisis Político
La estrategia del Centro Democrático se centra en capitalizar el descontento frente a la reforma mediante la construcción de una narrativa de 'defensa del ahorro' y 'lucha contra la ineficiencia estatal'. Al proponer una contrarreforma, el partido busca posicionarse como una alternativa técnica y política que protege la propiedad privada de los trabajadores frente a lo que denominan riesgos de politiquería y corrupción en el sistema público.
En este escenario, el expresidente Uribe busca recuperar la agenda pública tras el fallo judicial, intentando trasladar el debate de la legalidad del trámite hacia la viabilidad económica del modelo. Mientras el Gobierno gana terreno al consolidar su reforma, la oposición pierde capacidad de maniobra inmediata, obligándola a proyectar sus esfuerzos hacia una futura modificación legislativa que, en la práctica, requeriría condiciones políticas complejas para ser aprobada.
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