Nuevas revelaciones entregadas a la Fiscalía General de la Nación señalan a Géner García Molina, alias John 40, cabecilla de la Segunda Marquetalia, como el principal financiador y coordinador del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en junio de 2025. Según testimonios de una fuente vinculada a la organización armada, el costo del crimen ascendió a 5.000 millones de pesos, obtenidos mediante actividades de narcotráfico y minería ilegal en la frontera con Venezuela. Esta información desplaza el foco investigativo que anteriormente recaía sobre alias el Zarco Aldinever y detalla una red logística que operaba entre Villavicencio, el Vaupés y campamentos en territorio venezolano. La fuente, que busca beneficios judiciales y recompensas, sostiene que la decisión del magnicidio fue tomada por la cúpula de la Segunda Marquetalia, incluyendo a Iván Márquez, en reuniones realizadas en Venezuela y el Vaupés. El testimonio detalla que el dinero era movilizado a través de alias el Viejo, quien ya se encuentra capturado y judicializado por su participación en la estructura de sicarios. Además de la financiación, los documentos revelados mencionan un presunto plan contra el expresidente César Gaviria, involucrando a otros integrantes de la disidencia como alias Yaco. María Claudia Tarazona, viuda del político asesinado, ha instado a la Fiscalía a acelerar las investigaciones, cuestionando la lentitud en el procesamiento de las pruebas entregadas previamente. Por su parte, la defensa de otros señalados, como el excongresista Marcos Calarcá, ha rechazado las acusaciones al calificarlas de irresponsables y carentes de sustento probatorio formal. La Fiscalía mantiene el reto de verificar estas nuevas pistas para determinar la cadena de mando y la veracidad de los señalamientos sobre la participación de la cúpula de la Segunda Marquetalia.

Análisis político

La estrategia política observada se basa en la instrumentalización de testimonios de excombatientes que buscan beneficios judiciales para presionar el avance de investigaciones de alto impacto. Al vincular a la Segunda Marquetalia con el magnicidio, se busca consolidar la narrativa de que el grupo armado no solo es una amenaza de seguridad, sino un actor político capaz de desestabilizar la democracia mediante el asesinato de figuras clave. Esta dinámica permite a las víctimas y a sectores de la oposición presionar al Gobierno y a la Fiscalía para obtener resultados concretos en un caso que ha generado una profunda crisis de confianza institucional. En este escenario, el gran perdedor es la legitimidad de los procesos de paz y la imagen de los grupos disidentes, cuya cúpula queda expuesta como una estructura criminal transnacional. Por otro lado, la narrativa se construye mediante la contraposición de versiones: mientras la familia de la víctima y los informantes señalan una estructura jerárquica y organizada desde el exterior, los sectores vinculados a los acuerdos de paz intentan desmarcarse argumentando la falta de pruebas formales. Esta disputa narrativa busca definir la responsabilidad política del magnicidio, afectando directamente el clima electoral y la percepción pública sobre la seguridad nacional.