Alcaldes critican propuesta del Minvu para modificar ordenanza de construcción por riesgo de guetos
Resumen
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) presentó una propuesta para modificar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) con el objetivo de reactivar el sector inmobiliario y reducir los precios de las viviendas. La iniciativa contempla cambios en la densidad bruta, la altura de los edificios y la eliminación de requisitos de estacionamientos en zonas cercanas al transporte público. Esta medida ha generado un fuerte rechazo entre diversos alcaldes, quienes advierten que los ajustes facilitarán la proliferación de nuevos guetos verticales y afectarán la calidad de vida urbana.
La tramitación de esta normativa ha evidenciado una tensión interna en el gabinete entre el ministro de Vivienda, Iván Poduje, y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Mientras el sector económico presiona por medidas que incentiven la inversión, el titular del Minvu ha mantenido una postura cautelosa, enfrentando críticas por la ambigüedad en las respuestas a las observaciones ciudadanas. La consulta pública recibió cerca de mil registros con observaciones técnicas, las cuales fueron procesadas por el ministerio mediante inteligencia artificial para definir los ajustes finales.
La propuesta definitiva, que ya fue ingresada a la Contraloría General de la República, mantiene puntos críticos como la reducción de la superficie mínima para conjuntos armónicos y la flexibilización de la densidad. Aunque el gobierno realizó modificaciones menores, como ajustar el cálculo de habitantes por vivienda a 2,8, los jefes comunales insisten en que la normativa impone una solución única que ignora las realidades locales. La falta de consenso y la percepción de una imposición unilateral mantienen el conflicto abierto entre el Ejecutivo y las municipalidades.
Análisis Político
La estrategia política observada refleja una tensión entre la urgencia económica y la gestión territorial. El gobierno utiliza la modificación de la OGUC como una herramienta de reactivación sectorial, priorizando la visión del Ministerio de Hacienda sobre la planificación urbana. Esta maniobra busca resultados económicos rápidos, pero sacrifica el capital político del Ministerio de Vivienda, que queda atrapado entre las demandas de los gremios inmobiliarios y la resistencia de los gobiernos locales.
En este escenario, el sector económico del gabinete gana capacidad de influencia al imponer una agenda de desregulación, mientras que los alcaldes pierden autonomía y capacidad de control sobre sus territorios. La construcción de narrativas es divergente: el Ejecutivo presenta la reforma como un avance necesario para el acceso a la vivienda y el crecimiento, mientras que los municipios la posicionan como una amenaza a la identidad barrial y un retroceso hacia modelos de densificación descontrolada.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
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