Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) declararon un paro armado en los departamentos de Magdalena y La Guajira, el cual se extenderá hasta el viernes. Esta medida fue anunciada como respuesta a un operativo de la Fuerza Pública en el que resultó abatido José Luis Pérez Villanueva, alias 'Cholo', segundo cabecilla de la organización. La estructura criminal justificó su accionar como una reacción a las decisiones del Gobierno Nacional y las actuaciones de las autoridades en su contra. El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la neutralización de siete integrantes de la estructura, incluyendo a alias 'Cholo', y la incautación de un importante arsenal de guerra. El mandatario calificó a los miembros del grupo como narcoterroristas y lanzó una advertencia directa contra Fredy Castillo Carrillo, alias 'Pinocho', máximo jefe de la organización. El Gobierno ha reiterado que no permitirá que las amenazas de este grupo criminal sometan a la población civil mediante el terror. Analistas y expertos en seguridad advierten que la muerte de un cabecilla no desmantela la capacidad operativa de las ACSN, las cuales mantienen un control territorial basado en el miedo y redes de dependencia. La organización, que ha operado bajo diversos nombres durante décadas, conserva una estructura jerárquica y financiera que le permite imponer restricciones de movilidad y comercio. La situación evidencia una disputa por la autoridad legítima en la región, donde la población civil sigue siendo la principal afectada por las acciones de control armado.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en la confrontación militar directa y la deslegitimación pública de los cabecillas, utilizando un lenguaje de mano dura para proyectar autoridad estatal. Por su parte, las ACSN emplean el paro armado como una herramienta de gobernanza criminal, buscando demostrar que su poder de control territorial y social persiste a pesar de las bajas en su cúpula, intentando forzar al Estado a negociar bajo sus condiciones. El Gobierno gana legitimidad ante sectores que exigen resultados contundentes contra el crimen, pero corre el riesgo de que la respuesta violenta de los grupos armados profundice la crisis humanitaria en los territorios. Las ACSN pierden capacidad logística y financiera con las bajas, pero ganan visibilidad y control social inmediato al paralizar la economía regional, lo que les permite mantener su narrativa de autoridad frente a la comunidad y otros grupos ilegales que disputan la zona.