Luis Felipe Yagüe, un vendedor ambulante de 74 años en Florencia, Caquetá, se convirtió en tendencia nacional tras la difusión de un video donde un docente le niega la compra de sus productos por su afinidad política con el presidente electo, Abelardo De La Espriella. El comerciante, quien mantuvo una actitud serena y respetuosa durante el altercado, recibió un respaldo masivo de la ciudadanía que agotó su inventario de panela, café y otros productos agrícolas. Ante la repercusión del caso, el presidente electo lo invitó formalmente a su ceremonia de posesión el próximo 7 de agosto, invitación que Yagüe aceptó con gratitud. El docente involucrado, identificado como Franklin Gamboa, defendió su postura en una entrevista posterior, argumentando que su decisión de no comprarle al vendedor responde a convicciones morales y políticas. Gamboa sostuvo que el video fue grabado para evitar malentendidos sobre su comportamiento y reiteró su rechazo a apoyar emprendimientos que, a su juicio, respaldan proyectos políticos contrarios a sus principios. El profesor cuestionó además el uso mediático de la figura del vendedor para generar reacciones en redes sociales. El impacto del evento trascendió lo anecdótico al ser utilizado por el presidente electo como punto de partida para anunciar un programa de emprendimiento destinado a pequeños comerciantes y productores de panela. Yagüe, por su parte, ha decidido suspender las entrevistas con medios de comunicación tras agradecer el apoyo recibido y confirmar que se encuentra coordinando con campesinos locales para abastecer su negocio. El caso ha generado un intenso debate público sobre la intolerancia ideológica y la respuesta institucional ante la discriminación política.

Análisis político

El evento evidencia una estrategia de capitalización política donde el presidente electo transforma un acto de discriminación individual en un símbolo de unidad nacional y respaldo al emprendimiento popular. Al invitar al comerciante a su posesión, De La Espriella refuerza su narrativa de cercanía con el ciudadano común y utiliza el caso para legitimar su agenda de gobierno, presentándose como un protector de los trabajadores frente a la supuesta intolerancia de sus contradictores políticos. En este escenario, el presidente electo gana legitimidad al posicionarse como un agente de reparación, mientras que el docente pierde capital social al ser percibido como un actor intolerante, a pesar de sus intentos por justificar su postura bajo principios éticos. La construcción de narrativas es divergente: mientras el sector oficialista enmarca el hecho como una victoria de la resiliencia y el trabajo, el sector opositor intenta deslegitimar la atención mediática calificándola como una instrumentalización del vendedor para obtener réditos políticos.