El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Blanco, reveló durante un debate de control político en el Congreso que el esquema de seguridad asignado a Juliana Guerrero tuvo un costo de 739 millones de pesos entre marzo de 2025 y septiembre de 2026. Guerrero, quien fue condenada recientemente a tres años de prisión por fraude procesal tras falsificar títulos académicos para aspirar a un viceministerio, contó con protección estatal durante casi 18 meses. La entidad confirmó que el esquema ya fue retirado tras una revisión de los criterios de riesgo. Durante la misma sesión, el funcionario denunció que varios exministros y excongresistas del gobierno anterior no han devuelto los vehículos blindados asignados a sus esquemas de seguridad tras finalizar sus funciones. Blanco explicó que estas personas deben iniciar un nuevo trámite si consideran que aún enfrentan riesgos, pero mientras tanto, deben entregar los activos del Estado. Esta situación ha dificultado la transición administrativa y la reasignación de recursos hacia funcionarios que actualmente cumplen con los requisitos de protección. El director de la UNP también abordó el caso de Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko', confirmando que cuenta con seis vehículos blindados y 16 escoltas. Aunque el líder del partido Comunes solicitó una ampliación de su esquema, la entidad la negó tras un estudio técnico que determinó la inviabilidad de aumentar las medidas. Blanco enfatizó que la UNP busca optimizar sus recursos, pasando de una estructura con 2.800 órdenes de prestación de servicios a una gestión enfocada en quienes realmente enfrentan amenazas comprobables.

Análisis político

La estrategia del actual director de la UNP se centra en la deslegitimación de las decisiones administrativas del gobierno anterior, utilizando la revelación de costos elevados y casos polémicos como el de Guerrero para justificar recortes presupuestales y una reestructuración interna. Al exponer la falta de devolución de vehículos por parte de exfuncionarios, el gobierno actual construye una narrativa de desorden administrativo y privilegios injustificados, lo que le permite ganar capital político frente a la opinión pública al presentarse como un gestor de austeridad y eficiencia. Por otro lado, el evento evidencia una polarización persistente donde el funcionario debe gestionar tensiones ideológicas, como se observó en su disculpa ante el Centro Democrático por declaraciones pasadas. Mientras el gobierno busca marcar distancia con las prácticas de la administración Petro, los sectores de oposición utilizan los espacios de control político para cuestionar la neutralidad del director, creando una narrativa de persecución política que busca desgastar la imagen de la nueva administración en la gestión de entidades clave.