UNP revela costo de 739 millones en esquema de seguridad de Juliana Guerrero
Resumen
El director de la Unidad Nacional de Protección, Didier Blanco, informó ante el Congreso que el esquema de seguridad asignado a Juliana Guerrero costó 739 millones de pesos entre marzo de 2025 y septiembre de 2026. Guerrero, quien fue condenada recientemente por fraude procesal tras falsificar títulos universitarios para aspirar a un viceministerio, contó con protección estatal a pesar de los cuestionamientos sobre su nivel de riesgo real. La entidad confirmó que el esquema ya fue retirado como parte de una revisión general de las medidas otorgadas durante la administración anterior.
Durante el debate de control político, Blanco denunció que varios exfuncionarios y excongresistas del gobierno de Gustavo Petro no han devuelto los vehículos blindados asignados tras finalizar sus cargos. El funcionario señaló que la transición ha sido compleja debido a la resistencia de los exfuncionarios a entregar los esquemas mientras tramitan nuevas solicitudes de protección. Esta situación dificulta la reasignación de recursos hacia personas que actualmente cumplen con los criterios técnicos de riesgo establecidos por la entidad.
La UNP también abordó la situación de los esquemas de seguridad de líderes de las extintas Farc, confirmando que Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko', mantiene un dispositivo de seis vehículos blindados y 16 escoltas. La entidad negó una solicitud de extensión presentada por el exjefe guerrillero tras realizar un estudio técnico que determinó la inviabilidad de ampliar la protección. Blanco enfatizó que la institución busca optimizar el gasto público y reducir la burocracia, mencionando que la administración anterior dejó una carga excesiva de contratistas por prestación de servicios.
Análisis Político
La estrategia del actual director de la UNP se centra en la auditoría y el desmonte de los esquemas de seguridad otorgados por la administración anterior, utilizando la transparencia presupuestal como herramienta para cuestionar la legitimidad de los beneficiarios previos. Al exponer casos polémicos como el de Juliana Guerrero, el gobierno actual busca capitalizar el descontento ciudadano frente al uso de recursos públicos, posicionándose como un administrador austero y técnico que prioriza el riesgo real sobre el clientelismo político.
El gobierno actual gana legitimidad al auditar los excesos de la gestión previa, mientras que los exfuncionarios del petrismo pierden capital político al ser señalados por retener activos estatales y beneficiarse de esquemas de seguridad cuestionables. La narrativa se construye mediante la contraposición entre la austeridad técnica de la nueva administración y la supuesta discrecionalidad política del gobierno anterior, lo que permite al Ejecutivo actual consolidar su control sobre las instituciones de seguridad y marcar una ruptura clara con las prácticas de su predecesor.
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