UNP revela costo de 739 millones en esquema de seguridad de Juliana GuerreroActualizado · hace 47 días
Resumen
El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Blanco, informó ante el Congreso que el esquema de seguridad asignado a Juliana Guerrero tuvo un costo de 739 millones de pesos entre marzo de 2025 y septiembre de 2026. Guerrero, quien fue viceministra de Juventudes durante el gobierno de Gustavo Petro, fue condenada recientemente a tres años de prisión por el delito de fraude procesal tras presentar títulos universitarios falsos. La revelación ocurrió durante un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, donde se discutió el presupuesto y la gestión de la entidad.
Durante su intervención, Blanco también abordó la situación de los esquemas de seguridad de otros actores políticos y exfuncionarios. El funcionario señaló que varios exministros y excongresistas del gobierno anterior no han devuelto los vehículos blindados asignados, a pesar de que sus periodos terminaron. Asimismo, confirmó que se negó una solicitud de ampliación de protección para Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko', quien actualmente cuenta con seis vehículos blindados y 16 hombres de seguridad.
La administración actual de la UNP ha iniciado una revisión exhaustiva de los esquemas de protección para asegurar que se asignen bajo criterios técnicos de riesgo y no por conveniencia. El director enfatizó que la entidad busca optimizar recursos, mencionando que se han realizado recortes sustanciales en personal contratado por prestación de servicios. Estas medidas buscan corregir lo que la actual dirección califica como una gestión previa enfocada en el confort más que en la seguridad real de los protegidos.
Análisis Político
La estrategia política observada es una auditoría pública de la gestión anterior, utilizada para deslegitimar las decisiones administrativas del gobierno de Gustavo Petro. Al exponer casos específicos de alto costo y cuestionable justificación, como el de Juliana Guerrero, la actual dirección de la UNP construye una narrativa de austeridad y eficiencia técnica frente a una supuesta politización de los recursos públicos en el pasado.
El gobierno actual gana capital político al presentarse como un ente fiscalizador que corrige excesos, mientras que los sectores cercanos al petrismo pierden legitimidad ante la opinión pública al quedar expuestos por la retención de vehículos y la asignación de esquemas de seguridad a personas sin riesgo comprobado. La narrativa se polariza entre la necesidad de protección basada en el riesgo real y la denuncia de un uso clientelista de la seguridad estatal.
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