La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá ordenó la extinción de dominio de seis propiedades vinculadas al cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez, conocido como Charlie Zaa. Los bienes, que incluyen locales comerciales, lotes y una hacienda en Cundinamarca y Tolima, están avaluados en más de 23.775 millones de pesos. Esta medida judicial se dictó en el marco de una sentencia contra diez exintegrantes del Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La investigación judicial sostiene que los inmuebles habrían sido utilizados para ocultar el origen ilícito de recursos pertenecientes a Diego José Martínez Goyeneche, alias 'Daniel', excomandante de dicha estructura paramilitar. Según el fallo, el dinero de la organización fue invertido en estos activos para evitar que fueran destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado. Los bienes pasarán ahora al Fondo para la Reparación de las Víctimas para ser utilizados en procesos de indemnización. El artista ha negado reiteradamente cualquier vínculo con actividades ilegales o con el grupo paramilitar mencionado. En sus declaraciones, ha defendido que su patrimonio es fruto de más de 30 años de carrera musical y de las regalías generadas por sus éxitos. La defensa del cantante sostiene que el proceso judicial aún permite la presentación de pruebas para demostrar la legalidad de sus activos y ha insistido en la presunción de inocencia.

Análisis político

La estrategia judicial se centra en la recuperación de activos como mecanismo de justicia restaurativa, priorizando la reparación de las víctimas sobre la propiedad privada de terceros señalados como testaferros. El Estado utiliza la extinción de dominio para desarticular el legado económico de estructuras paramilitares, enviando un mensaje de control sobre los bienes que fueron ocultados mediante terceros para evadir la acción de la justicia. El cantante pierde legitimidad pública y patrimonio, mientras que el Estado gana capacidad de maniobra en la reparación de víctimas. Se observa una construcción narrativa divergente: por un lado, la justicia y la Fiscalía presentan los bienes como instrumentos de lavado de activos de las AUC; por otro, el artista construye una narrativa de víctima de una equivocación judicial, apelando a su trayectoria profesional y al debido proceso para desvincularse de la criminalidad.