El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró responsable a la Nación, al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional por la muerte de Dilan Cruz, ocurrida durante las protestas del Paro Nacional de 2019. La sentencia determinó que existió una falla en el servicio debido a que la institución clasificó el arma tipo Bean Bag como un elemento menos letal, sin advertir adecuadamente a sus uniformados sobre su capacidad de causar la muerte. Esta omisión impidió que el uso de la fuerza fuera evaluado bajo los principios de necesidad, proporcionalidad y racionalidad. La corporación judicial calificó el hecho como una grave violación de los derechos humanos y descartó que la víctima hubiera contribuido a su propio deceso. El fallo enfatizó que el ejercicio del derecho a la protesta no justifica acciones estatales que atenten contra la vida o la dignidad humana. Además, se concluyó que las pruebas no demostraban un escenario de violencia que legitimara el empleo de un arma con potencial letal contra el joven manifestante. Como medida de reparación integral, el Tribunal ordenó al comandante de la Policía Nacional realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y ofrecer disculpas a la familia de Dilan Cruz en un plazo de 30 días. Asimismo, se incrementaron las indemnizaciones por perjuicios morales por encima de los montos ordinarios. Este pronunciamiento judicial busca sentar un precedente sobre los límites de la fuerza pública en contextos de movilización social.

Análisis político

El fallo judicial reactiva el debate sobre la legitimidad del uso de la fuerza pública y la responsabilidad del Estado en la gestión de la protesta social. Se observa una estrategia de control judicial que busca imponer límites institucionales a la actuación policial, contrastando con narrativas políticas que históricamente han justificado el uso de armamento menos letal bajo criterios de orden público. La condena obliga a la institución policial a un ejercicio de reparación simbólica que busca restaurar la confianza ciudadana, aunque el evento también es utilizado por actores políticos para cuestionar la gestión de gobiernos anteriores. En este escenario, la familia de la víctima y los sectores defensores de derechos humanos ganan un respaldo jurídico significativo que dignifica su lucha, mientras que la cúpula policial y los sectores políticos que respaldaron el actuar del Esmad en 2019 pierden legitimidad narrativa. La construcción de este relato judicial se contrapone a la visión de seguridad que prioriza la contención física, evidenciando una tensión persistente entre el derecho constitucional a la protesta y las doctrinas de seguridad del Estado.