Tribunal absuelve a seis acusados por la tragedia aérea del Hércules C-130
Resumen
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas dictó un veredicto absolutorio unánime para los seis acusados por el accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Chile, ocurrido en diciembre de 2019. Los jueces determinaron que, si bien se logró reconstruir la dinámica del siniestro que costó la vida a 38 personas, la prueba presentada por el Ministerio Público no fue suficiente para acreditar, más allá de toda duda razonable, la causa exacta del desprendimiento de una hélice ni la existencia de conductas negligentes o imprudentes por parte de los imputados. La decisión dejó sin efecto las medidas cautelares que pesaban sobre los involucrados.
El fiscal regional, Cristián Crisosto, expresó su molestia ante el fallo, calificándolo como un revés para la investigación que lideró durante cuatro meses de juicio. A pesar de respetar la resolución judicial, el Ministerio Público anunció que analizará los fundamentos de la sentencia para evaluar la presentación de un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones. La lectura completa de la sentencia, que detallará los argumentos técnicos del tribunal, está programada para el 25 de septiembre de 2026.
Los familiares de las víctimas, quienes asistieron al Centro de Justicia con la expectativa de obtener una condena, manifestaron su indignación tras conocer el veredicto. Durante el proceso, los querellantes habían sostenido que la tragedia fue consecuencia de una falta de mantenimiento y negligencia institucional, una tesis que el tribunal desestimó al no encontrar pruebas de un actuar punible. Este desenlace cierra una etapa judicial de casi siete años sin que se hayan determinado responsables penales por el desastre aéreo.
Análisis Político
La absolución de los seis acusados evidencia una brecha profunda entre las expectativas de justicia de las familias de las víctimas y los estándares probatorios exigidos por el sistema penal chileno. La estrategia de la Fiscalía se centró en acreditar una cadena de negligencias institucionales, pero la incapacidad de determinar la causa técnica precisa del fallo mecánico debilitó la teoría del caso, dejando al Ministerio Público en una posición de vulnerabilidad institucional ante la opinión pública.
En este escenario, los familiares de las víctimas pierden la posibilidad de una reparación penal, mientras que la Fuerza Aérea y los funcionarios absueltos logran desvincularse de la responsabilidad criminal. La narrativa del Estado se construye sobre la imposibilidad técnica de probar la culpa, lo que genera una sensación de impunidad en la ciudadanía, mientras que los actores judiciales se refugian en el rigor del debido proceso para justificar una decisión que, aunque legalmente fundamentada, resulta socialmente insatisfactoria.
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