Tres personas fueron asesinadas y una más resultó herida tras un ataque armado en un establecimiento público de Santander de Quilichao, Cauca, durante la noche del 4 de octubre. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) documentó el hecho como la masacre número 96 registrada en Colombia en lo corrido de 2026. En el departamento del Cauca, este suceso representa la decimocuarta masacre del año, acumulando al menos 68 víctimas mortales en la región. La Defensoría del Pueblo había advertido previamente sobre el alto riesgo para la población civil en este municipio mediante la Alerta Temprana 036 de 2023. En la zona operan estructuras como los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, pertenecientes al Bloque Occidental Jacobo Arenas, además de bandas locales. Estos grupos mantienen una disputa territorial por el control de economías ilícitas, lo que ha incrementado la vulnerabilidad de los habitantes y la exposición a la violencia indiscriminada. Autoridades locales y figuras políticas, como la senadora Aída Quilcué, han rechazado el ataque y exigido garantías de seguridad al Gobierno Nacional. Paralelamente, el Ejército Nacional reportó acciones adicionales en el departamento, incluyendo la destrucción de explosivos cerca de una escuela en Cajibío. El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, condenó el uso de artefactos explosivos en entornos educativos, calificando estos actos como una afrenta contra la sociedad y la protección de los menores.

Análisis político

La estrategia política observada se basa en la confrontación de narrativas sobre la capacidad del Estado para ejercer control territorial. Mientras las organizaciones sociales y líderes regionales utilizan las cifras de violencia para presionar al Gobierno Nacional por resultados concretos y protección efectiva, las autoridades militares y gubernamentales responden con una narrativa de rechazo institucional y firmeza operativa, buscando deslegitimar a los grupos armados al resaltar su falta de respeto por el Derecho Internacional Humanitario, especialmente en casos que involucran menores. En este escenario, la población civil es la principal perdedora, al quedar atrapada en la disputa por el control de rentas ilegales entre disidencias de las FARC y otros grupos armados. El Gobierno Nacional enfrenta un desgaste político significativo al no lograr mitigar la recurrencia de masacres a pesar de las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo. Por su parte, los grupos armados ilegales consolidan su poder mediante el terror, desafiando la presencia de la Tercera División del Ejército y evidenciando las limitaciones de la estrategia de seguridad actual en el suroccidente del país.