Treinta y una capitales de Colombia reportan riesgo crítico en el sistema de salud
Resumen
La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), en conjunto con la Unión de IPS y secretarías de salud locales, presentó un diagnóstico que revela una crisis generalizada en el sistema sanitario. El estudio, que evaluó 77 variables en 31 ciudades, determinó que ninguna capital se encuentra en niveles de riesgo bajo o moderado. Los resultados muestran que 15 ciudades están en banda crítica y 16 en banda alta, con un promedio de 71 puntos sobre 100 en el Índice Territorial de Riesgo del Sistema de Salud.
Los hallazgos principales señalan barreras crecientes en el acceso a servicios, desabastecimiento de medicamentos y la interrupción de tratamientos de alto costo. El informe destaca que 30 de las 31 capitales califican su red prestadora como inestable o en riesgo de colapso, agravado por la situación financiera de las EPS, de las cuales 87 operan bajo medidas especiales. Las autoridades locales identificaron que la falta de pago y la cartera pendiente son los factores determinantes en el deterioro de la atención clínica.
Ante este panorama, las ciudades han solicitado al Gobierno Nacional una intervención urgente para garantizar el suministro de tecnologías y medicamentos, así como el saneamiento de las deudas entre aseguradores y prestadores. La propuesta incluye la creación de una mesa técnica permanente y el fortalecimiento de la inspección y vigilancia territorial. El objetivo es resolver los problemas contractuales que impiden la continuidad de los tratamientos y evitar el aumento de la mortalidad evitable reportado en varios territorios.
Análisis Político
El evento evidencia una estrategia de presión colectiva por parte de los gobiernos locales, quienes utilizan un diagnóstico técnico unificado para trasladar la responsabilidad de la crisis al Gobierno Nacional. Al presentar una radiografía que abarca el 100% de las capitales, Asocapitales busca neutralizar posibles sesgos ideológicos y forzar una interlocución directa con el Ejecutivo, posicionando la salud como un problema de gobernabilidad territorial más que de gestión administrativa.
En este escenario, los alcaldes y secretarios de salud ganan legitimidad al actuar como voceros de la crisis, mientras que el Gobierno Nacional pierde margen de maniobra al ser confrontado con datos que sugieren un colapso inminente. La narrativa de los actores locales se construye sobre la urgencia clínica y la sostenibilidad financiera, obligando al Gobierno a responder con medidas concretas o asumir el costo político de una eventual parálisis en la prestación de servicios de salud a nivel nacional.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
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