El soldado profesional Idel José Torres Herrera falleció el 27 de septiembre durante enfrentamientos contra la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las FARC en zona rural de El Tambo, Cauca. Tras el combate, en el que los militares fueron atacados con drones y armas de largo alcance, el grupo armado sustrajo el cuerpo del uniformado. Esta acción impidió inicialmente las labores de la Fiscalía y generó una denuncia pública por parte del Ejército Nacional y el Ministerio de Defensa. Las autoridades militares calificaron la retención del cadáver como una violación flagrante al Derecho Internacional Humanitario y al Estatuto de Roma. Ante la imposibilidad de recuperar los restos por las condiciones meteorológicas y la situación de seguridad, el Ejército solicitó la mediación urgente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Defensoría del Pueblo. El objetivo principal fue garantizar un trato digno a los restos del militar y permitir que su familia pudiera realizar las honras fúnebres. El cuerpo fue finalmente entregado por el grupo armado a una comisión humanitaria del CICR en el corregimiento de Huisitó este lunes. El Comandante General de las Fuerzas Militares, Mayor General Erik Rodríguez Aparicio, confirmó la recuperación y reiteró que el cumplimiento de normas humanitarias por parte de grupos ilegales no les otorga legitimidad ni los exime de responsabilidad penal por sus actos. Las operaciones militares en la zona continúan para enfrentar a la estructura responsable del ataque.

Análisis político

La estrategia del Estado se centró en la presión diplomática y humanitaria, utilizando el marco del Derecho Internacional Humanitario para deslegitimar las acciones de la estructura Carlos Patiño. Al elevar el caso a una violación de derechos humanos, el Gobierno y las Fuerzas Militares buscaron aislar políticamente a los perpetradores, enfatizando que el respeto a la dignidad humana no es una concesión negociable, sino una obligación legal que no borra el carácter criminal del grupo armado. En este evento, el Estado gana al lograr la recuperación del cuerpo mediante canales humanitarios, reafirmando su control institucional y su compromiso con las familias de los uniformados. Por el contrario, las disidencias de las FARC pierden capital político al ser señaladas por la opinión pública y organismos internacionales por la retención de un cadáver, una acción que refuerza la narrativa oficial sobre su falta de voluntad de paz y su desprecio por las normas básicas de convivencia y respeto a la vida.