La senadora María Clara Posada reveló fragmentos de una audiencia reservada de 2019 en la que Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko', compareció ante la Jurisdicción Especial para la Paz. En los registros, el excomandante de las Farc-EP afirmó que existían directrices internas de buen trato hacia los secuestrados y negó la práctica de torturas. Estas declaraciones generaron una fuerte controversia política al ser calificadas por la congresista como una burla a las víctimas y al sistema de justicia. El exjefe guerrillero también relató conversaciones mantenidas durante las negociaciones de paz, donde se discutió la posibilidad de aplicar penas más flexibles, similares a las de los paramilitares, que podrían cumplirse en La Habana. Londoño cuestionó la posibilidad de que los excombatientes terminaran en prisión tras la firma del acuerdo y se refirió a la JEP como una institución que ellos mismos ayudaron a crear. La senadora Posada criticó el tono distendido de la diligencia, señalando la presencia de risas y anécdotas en lugar de un interrogatorio judicial riguroso. La JEP respondió a los cuestionamientos aclarando que, dentro del Caso 01, la Sala de Reconocimiento estableció que las directrices de buen trato no se cumplieron en la práctica. La entidad recordó que ha imputado a 63 exintegrantes de las Farc-EP por crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo tortura y tratos crueles. La jurisdicción enfatizó que los secuestrados fueron sometidos a diversos vejámenes, contradiciendo la versión expuesta por Londoño en la audiencia.

Análisis político

La estrategia política del Centro Democrático se centra en deslegitimar la justicia transicional mediante la exposición de momentos específicos que sugieren complicidad o falta de rigor judicial. Al filtrar material reservado, la oposición busca capitalizar el descontento social frente a la impunidad percibida, utilizando el contraste entre el tono informal de la audiencia y la gravedad de los crímenes imputados para erosionar la confianza pública en la JEP. En este escenario, la JEP pierde legitimidad ante sectores críticos que la perciben como un mecanismo de protección para los victimarios, mientras que el sector político opositor gana tracción al posicionarse como defensor de las víctimas. La narrativa se construye mediante la contraposición de dos realidades: la versión de los excombatientes, que intentan normalizar su pasado bajo un marco de legalidad, y la evidencia judicial documentada por el tribunal, que busca reafirmar su autoridad técnica frente a la presión política.