Thomas Greg & Sons denuncia a Luis Guillermo Pérez por presunto saboteo electoral
Resumen
La empresa Thomas Greg & Sons interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el exmagistrado Luis Guillermo Pérez. La compañía acusa al abogado de liderar una campaña sistemática de desinformación durante el escrutinio de las elecciones presidenciales de 2026. Según la denuncia, Pérez habría instrumentalizado el desconocimiento técnico de la ciudadanía para sembrar dudas sobre la transparencia del proceso y la reputación corporativa de la firma.
El documento, radicado por el abogado Mauricio Pava Lugo, señala que el denunciado tergiversó el funcionamiento del software de la Registraduría y los protocolos de ciberseguridad para argumentar un supuesto fraude. La empresa sostiene que estas acciones trascendieron el ámbito digital, pues Pérez habría instado a sus delegados a paralizar el escrutinio nacional y solicitar la anulación de mesas de votación. Estas actuaciones habrían generado un ambiente de hostigamiento que obligó a reforzar la seguridad en los centros de acopio.
La defensa de la compañía enfatiza que su rol es estrictamente logístico y tecnológico, sin facultades para el conteo o consolidación de votos. La denuncia incluye cargos por perturbación de certamen democrático, hostigamiento, injuria y calumnia. La Fiscalía deberá determinar si existen méritos para avanzar en la investigación contra el exfuncionario, quien es señalado de amplificar narrativas de fraude previamente desvirtuadas por autoridades judiciales.
Análisis Político
La estrategia de Thomas Greg & Sons busca blindar su reputación corporativa mediante la judicialización de las narrativas de fraude, utilizando el sistema penal para frenar el impacto de figuras políticas que cuestionan la legitimidad del sistema electoral. Al presentar a la empresa como un actor técnico y neutral, la defensa intenta desmarcarse de las acusaciones de sesgo político que han sido promovidas desde sectores afines al Gobierno, trasladando el debate del terreno de la opinión pública al ámbito de la responsabilidad penal.
En este escenario, la empresa gana al intentar restaurar su credibilidad institucional y proteger su operatividad, mientras que el denunciado pierde terreno al enfrentar una acción judicial que busca demostrar la falta de sustento técnico en sus denuncias. La construcción de narrativas es divergente: mientras el sector político denunciado apela a la desconfianza sobre el software y el 'establecimiento', la empresa se posiciona como una víctima de desinformación que pone en riesgo la estabilidad democrática y la seguridad de su personal.
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