La Superintendencia Nacional de Salud ordenó a Nueva EPS, Salud Total, Sanitas y EPS SURA implementar un plan de choque inmediato para reducir los tiempos de espera en la asignación de citas médicas. Esta medida responde a un incremento significativo en las quejas de los usuarios, quienes han reportado barreras de acceso al sistema durante el mes de julio. El ente de control identificó que estas cuatro entidades concentran el 55,32 % del total de las reclamaciones registradas a nivel nacional con corte al 10 de julio. Juan David Duque, superintendente delegado para la Protección al Usuario, calificó como inaceptable que los ciudadanos deban recurrir a mecanismos de queja formal ante la Superintendencia para obtener servicios básicos. El funcionario destacó que las demoras coinciden con un pico de enfermedades respiratorias y la temporada de vacaciones escolares, lo que agrava la situación de los pacientes. La orden exige a las EPS ampliar la disponibilidad de sus agendas y resolver de fondo los casos represados para evitar la mediación administrativa. El organismo advirtió que mantendrá un seguimiento constante y riguroso sobre el cumplimiento de estas instrucciones. En caso de persistir las irregularidades o detectarse incumplimientos, la Superintendencia iniciará procesos de inspección, vigilancia y control. Estas acciones podrían derivar en sanciones administrativas severas contra las entidades involucradas si no logran garantizar el acceso oportuno a la atención médica.

Análisis político

La estrategia de la Superintendencia se centra en ejercer presión directa sobre las EPS mediante la visibilización de datos estadísticos, buscando trasladar la responsabilidad de la crisis de acceso a la gestión operativa de las aseguradoras. Al señalar que los usuarios deben recurrir a la entidad para obtener citas, el Gobierno refuerza una narrativa de ineficiencia del modelo actual, posicionando al ente regulador como el garante necesario de los derechos ciudadanos frente a la supuesta negligencia de las entidades privadas. El Gobierno gana legitimidad ante la opinión pública al presentarse como un actor activo que defiende al paciente, mientras que las EPS pierden reputación al quedar expuestas como las responsables de las barreras de acceso. Esta dinámica profundiza la polarización sobre la reforma al sistema de salud, utilizando las quejas ciudadanas como un argumento político para justificar la necesidad de una transformación estructural en la prestación del servicio.