Un ataque con drones cargados con explosivos improvisados contra tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.° 9 Tenerife dejó como saldo la muerte del soldado profesional Samuel Pinzón Barliza Ipuana y un uniformado herido. El hecho ocurrió en la vereda Aipecito, zona rural de Neiva, mientras los militares realizaban labores de seguridad y protección a la población civil. La Novena Brigada del Ejército atribuyó la acción a la estructura 'Ismael Ruiz', facción del bloque central 'Isaías Pardo' de las disidencias de alias Mordisco. El presidente Abelardo de la Espriella condenó el atentado y ordenó a la Fuerza Pública capturar a los responsables, enmarcándolo dentro de un balance operacional que incluyó resultados contra otras estructuras criminales en el país. Por su parte, el Ministerio de Defensa y el Ejército calificaron el uso de drones con explosivos como un acto terrorista y una violación al Derecho Internacional Humanitario. Las autoridades militares confirmaron que mantendrán e intensificarán las operaciones en el departamento del Huila para enfrentar a los grupos armados ilegales. El secretario de Gobierno de Neiva, José Ferney Ducuara, advirtió sobre la vulnerabilidad de las tropas ante esta modalidad de guerra tecnológica, señalando que los entes territoriales carecen de recursos y herramientas antidrones. El funcionario solicitó apoyo urgente del Gobierno Nacional para fortalecer la capacidad de respuesta, dado que este es el segundo ataque de este tipo en el mismo sector en menos de un mes. La situación ha generado un debate sobre la necesidad de dotar a la Fuerza Pública con tecnología avanzada para contrarrestar los ataques aéreos no tripulados en zonas rurales.

Análisis político

La estrategia política del Gobierno se centra en proyectar una imagen de control y contundencia mediante la combinación de resultados operacionales exitosos, como la baja de alias 'Terry', con la respuesta firme ante ataques específicos. Al vincular la orden de captura de los responsables del ataque en Huila con un balance nacional de capturas y decomisos, el Ejecutivo busca mitigar la percepción de inseguridad y reafirmar su autoridad frente a las disidencias y grupos criminales. En este escenario, el Gobierno gana legitimidad al mostrar una postura de respaldo total a la Fuerza Pública, mientras que los gobiernos locales, como el de Neiva, pierden capacidad de maniobra al quedar expuestos ante una modalidad de guerra para la cual no tienen presupuesto ni tecnología. Se construye una narrativa de 'nueva forma de guerra' donde el Estado central enfatiza la persecución penal y militar, mientras que las autoridades regionales subrayan la brecha tecnológica y la necesidad de inversión en defensa territorial para proteger a sus comunidades.