El senador Daniel Núñez (PC) denunció que Estados Unidos le negó una visa para asistir a una actividad de la Unión Interparlamentaria en Nueva York, calificando el hecho como un veto político. El parlamentario sostuvo que la Unidad de Relaciones Internacionales del Senado gestionó el trámite y le informó sobre la imposibilidad de obtener el documento a tiempo. Esta versión fue respaldada inicialmente por el propio senador, quien exigió respeto ante lo que consideró una discriminación arbitraria. La respuesta desde la embajada de Estados Unidos fue inmediata y categórica, calificando las declaraciones de Núñez como una mentira descarada. El embajador Brandon Judd afirmó que su país nunca recibió una solicitud de visa para el legislador, por lo que no existió rechazo ni veto alguno. El diplomático enfatizó que Estados Unidos recibe regularmente a representantes de diversas corrientes políticas, incluyendo comunistas, en el marco de las Naciones Unidas. La Mesa del Senado, encabezada por el presidente subrogante Iván Moreira, emitió una declaración oficial desmintiendo haber realizado gestiones para tramitar la visa del senador. La corporación aclaró que ningún funcionario de la Dirección de Asuntos Internacionales intervino en el proceso, dejando al parlamentario en una posición de aislamiento institucional. Ante este escenario, Núñez anunció que solicitará un sumario interno para esclarecer las actuaciones y omisiones de la unidad administrativa del Senado.

Análisis político

El evento revela una estrategia de confrontación ideológica por parte del senador Núñez, quien busca capitalizar políticamente un supuesto veto internacional para reforzar una narrativa de victimización frente a la política exterior estadounidense. Al vincular su situación con declaraciones previas de autoridades de EE. UU., el parlamentario intenta elevar un problema administrativo a un conflicto diplomático, buscando el respaldo de su partido para presionar a la Cancillería y cuestionar la legitimidad del embajador Judd. En este conflicto, el gran perdedor es el senador Núñez, cuya credibilidad se ve afectada tras ser desmentido simultáneamente por una potencia extranjera y por la propia institución que representa. La Mesa del Senado, al desmarcarse rápidamente, protege la institucionalidad de la Cámara Alta frente a una acusación que carecía de sustento técnico. La narrativa se construye bajo una polarización evidente: mientras el PC intenta instalar la idea de una persecución política, los actores institucionales y diplomáticos se refugian en la evidencia administrativa para invalidar el relato del parlamentario.