La Sala del Senado aprobó en general, con 37 votos a favor y 3 en contra, el proyecto que modifica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente para fortalecer las sanciones ante delitos de especial gravedad. La iniciativa, impulsada originalmente por parlamentarios de oposición, busca elevar los límites de internación y ajustar las reglas de reincidencia. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, confirmó que el Ejecutivo presentará indicaciones para hacer efectivo el régimen cerrado y revisar el juzgamiento de menores de 16 y 17 años bajo reglas del sistema adulto. El debate legislativo ha estado marcado por la presión de alcaldes de diversos sectores políticos, quienes entregaron al Gobierno una propuesta con nueve medidas para mejorar la seguridad y la reinserción. Jefes comunales como Camila Merino, Sebastián Sichel y Claudio Castro coincidieron en la necesidad de endurecer las penas para delitos violentos, aunque expresaron cautela sobre la posibilidad de aplicar el sistema penal adulto a menores. El ministro Rabat valoró la transversalidad de estas propuestas y se comprometió a estudiarlas antes de la presentación de las indicaciones definitivas. En paralelo, la Defensoría de la Niñez y un grupo de académicos de diversas universidades advirtieron que el endurecimiento de sanciones no garantiza una menor reincidencia. Los especialistas solicitaron al Senado la creación de una mesa técnica para basar las reformas en evidencia científica, priorizando intervenciones terapéuticas y socioeducativas. La discusión continuará en la Comisión de Constitución, donde se analizarán las indicaciones del Ejecutivo y las recomendaciones técnicas antes de la votación en particular.

Análisis político

La estrategia política observada busca equilibrar la demanda ciudadana por mayor seguridad ante el alza de delitos violentos con la necesidad de mantener la legitimidad institucional del sistema de justicia juvenil. El Gobierno intenta capitalizar el consenso transversal alcanzado con los alcaldes para blindar su reforma, utilizando la validación de los jefes comunales como un escudo frente a las críticas de organismos técnicos y defensores de derechos humanos que cuestionan la eficacia del punitivismo. En este escenario, el Ejecutivo y los parlamentarios impulsores de la moción ganan terreno al lograr el avance legislativo, mientras que los sectores que abogan por un enfoque centrado exclusivamente en la reinserción pierden influencia directa en la redacción de la norma. La narrativa se construye mediante una dicotomía entre la urgencia de las víctimas y la evidencia técnica, donde el Gobierno intenta posicionarse como un actor pragmático que combina el endurecimiento de penas con una retórica de reinserción para evitar el costo político de una reforma percibida como excesivamente severa o ineficaz.