La senadora Paloma Valencia denunció que el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) reactivó la etapa de entrevistas para proveer 129 cargos de directores regionales y subdirectores. Según la congresista, este proceso, que representa el 15% de la calificación final, introduce un componente subjetivo que podría utilizarse para dejar funcionarios afines al gobierno saliente en posiciones estratégicas. La legisladora calificó la medida como una maniobra que compromete la transparencia y dificulta la transición hacia la administración del presidente electo, Abelardo De La Espriella. Ante esta situación, Valencia solicitó formalmente a la Procuraduría General de la Nación ejercer vigilancia preventiva sobre el concurso, recordando que el proceso ya había sido suspendido anteriormente por presuntas irregularidades. Asimismo, instó a la Dirección General del SENA a congelar las convocatorias mientras avanza el empalme entre los gobiernos saliente y entrante. La senadora enfatizó que la institucionalidad no debe ser utilizada para asegurar cuotas políticas de salida que condicionen la gestión de la nueva administración. El equipo del presidente electo también ha manifestado preocupaciones similares respecto a otros nombramientos en provisionalidad realizados por el gobierno actual en entidades como la Cancillería y la Unidad Nacional de Protección. El presidente Gustavo Petro ha sostenido que su mandato concluye el 6 de agosto, defendiendo su facultad de realizar nombramientos hasta el último día de su administración. Esta tensión se suma a la disputa judicial que el actual mandatario ha anunciado contra el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría por la elección de su sucesor.

Análisis político

La estrategia política observada es una táctica de control preventivo y denuncia pública por parte de la oposición para limitar la capacidad del gobierno saliente de consolidar su influencia en la burocracia estatal. Al señalar la subjetividad de las entrevistas, la senadora busca deslegitimar el proceso de selección, trasladando la presión a los entes de control y al gobierno entrante para que actúen antes de que los nombramientos se materialicen. Esta narrativa posiciona al gobierno saliente como un actor que busca 'atornillarse' en el poder, mientras que el gobierno actual utiliza la legalidad de sus funciones hasta el último día como escudo frente a las críticas. En este escenario, el gobierno entrante gana legitimidad al presentarse como un defensor de la transparencia y la institucionalidad frente a lo que denomina 'cuotas de última hora'. Por su parte, el gobierno saliente pierde capital político al ser percibido como un actor que obstaculiza la transición, aunque mantiene su capacidad de ejecución administrativa hasta el final. La construcción de narrativas es divergente: mientras la oposición habla de 'fortines políticos' y 'maniobras', el oficialismo se ampara en la continuidad administrativa y la vigencia de sus facultades constitucionales hasta el 6 de agosto.