Santos y Ordóñez protagonizan fuerte choque por política de seguridad y Acuerdo de PazActualizado · hace 6 días
Resumen
El expresidente Juan Manuel Santos cuestionó la estrategia de seguridad del Gobierno de Abelardo De La Espriella, criticando específicamente la exhibición de cadáveres y la firma de bombas en operaciones militares. Durante un foro conmemorativo por los diez años del Acuerdo de Paz, Santos advirtió que estas acciones envían mensajes negativos al país y sostuvo que la crisis de seguridad actual deriva de una implementación incompleta de lo pactado en 2016. El exmandatario enfatizó que la solución a la violencia no reside exclusivamente en la fuerza militar, sino en la inversión social y el control territorial.
El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, respondió con dureza a estas declaraciones durante su primera intervención en el Congreso, acusando a Santos de haber entregado la institucionalidad y el país a las Farc durante su mandato. Ordóñez defendió la estrategia de comunicación del Gobierno, calificándola como un mensaje necesario para disuadir a los grupos armados ilegales. El funcionario reiteró que la política de seguridad no cederá ante el crimen organizado y cuestionó la legitimidad de Santos para criticar las operaciones actuales, tildándolo de defensor de los victimarios.
Este enfrentamiento pone de relieve la profunda polarización política sobre el legado del proceso de paz y el modelo de seguridad nacional. Mientras Santos aboga por la vigencia y cumplimiento del Acuerdo como eje de estabilidad, el Gobierno actual reafirma su postura de mano dura y rechazo a las concesiones del pasado. La controversia ocurre en un momento de tensión por el aumento de grupos armados y la conmemoración de la primera década de la firma del pacto con las Farc.
Análisis Político
La estrategia política observada es una confrontación directa de narrativas sobre la legitimidad del Estado y el manejo del conflicto. Santos busca posicionarse como el garante de la institucionalidad y la paz, utilizando el aniversario del Acuerdo para señalar las falencias del actual Gobierno, mientras que Ordóñez utiliza la retórica de la 'mano dura' para consolidar su base electoral y deslegitimar el legado de su antecesor, presentándolo como un actor complaciente con el delito.
En este evento, el Gobierno gana terreno en su narrativa de autoridad y firmeza ante sus seguidores, pero pierde capacidad de diálogo con sectores que defienden la paz negociada. Santos, por su parte, logra mantener la relevancia del Acuerdo en la agenda pública, aunque se arriesga a ser percibido como un actor que obstaculiza la seguridad nacional. La construcción de narrativas opuestas —una centrada en la paz integral y otra en la disuasión militar— profundiza la brecha ideológica que define el debate político actual en Colombia.
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