La administración actual de RTVC denunció irregularidades en la adquisición de una unidad móvil de televisión, contratada en diciembre de 2025 por un valor de 11.924 millones de pesos. El vehículo permanece inmovilizado en las instalaciones de la entidad debido a la ausencia de una planta eléctrica, componente indispensable para realizar transmisiones fuera de la sede. Esta falla técnica impide que el equipo cumpla con el propósito para el cual fue contratado, calificando el proyecto como un posible elefante blanco. La entidad identificó presuntos sobrecostos superiores a los 2.000 millones de pesos, tras comparar los 9.000 millones invertidos en equipos audiovisuales con estudios de mercado que valoran elementos equivalentes en 7.000 millones. Además, se reportaron deficiencias técnicas en los equipos entregados, incluyendo cámaras con limitaciones ópticas, una consola de sonido insuficiente para eventos de gran formato y un dron con especificaciones de seguridad y cartografía, no apto para producciones televisivas de alta calidad. El proceso contractual, identificado con el número 2899 de 2025, presenta cuestionamientos sobre la transparencia en la selección del contratista. RTVC señaló posibles restricciones a la libre competencia mediante requisitos de experiencia dirigidos y una presunta colusión entre empresas que participaron en los estudios previos y luego conformaron la unión temporal adjudicataria. Ante estos hallazgos, la entidad trasladó el expediente a la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía para que inicien las investigaciones correspondientes.

Análisis político

La estrategia política de la actual administración de RTVC se centra en la denuncia de la gestión anterior, utilizando el concepto de elefante blanco para capitalizar el descontento sobre el uso de recursos públicos. Al exponer fallas técnicas y posibles sobrecostos, la entidad busca desmarcarse de las decisiones tomadas durante la gerencia de Hollman Morris, trasladando la responsabilidad a los entes de control para legitimar su postura mediante la institucionalidad. En este escenario, la actual administración gana legitimidad al posicionarse como garante de la transparencia y la eficiencia técnica, mientras que la gestión anterior y los contratistas involucrados pierden credibilidad ante la opinión pública. La narrativa se construye mediante la contraposición entre la supuesta negligencia técnica y administrativa del pasado frente a la rigurosidad de la revisión actual, convirtiendo un problema de infraestructura en un activo político de control y fiscalización.