El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, anunció mediante la Circular Externa 3 de 2026 que asumirá personalmente la presidencia del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM). Esta instancia es la encargada de definir los esquemas de seguridad y protección para personas amenazadas en el país. El funcionario enfatizó que no delegará esta función en ningún otro servidor público bajo ninguna circunstancia. La directriz ordena a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a la Secretaría Técnica del comité enviar previamente a su despacho toda la documentación técnica, agendas e informes de riesgo antes de cualquier sesión. Asimismo, se prohibió realizar reuniones del comité sin la presencia y dirección directa del ministro. Las sesiones ya programadas deberán ser ajustadas para garantizar su asistencia obligatoria. Esta decisión surge en un contexto marcado por denuncias de irregularidades en la UNP, incluyendo el uso indebido de vehículos oficiales y la asignación de esquemas de seguridad sin sustento técnico. El objetivo declarado por el ministro es garantizar la transparencia, el cumplimiento de los principios de la función administrativa y un control estricto sobre la asignación de medidas de protección. La medida representa un cambio inmediato en la gestión de la seguridad estatal tras el inicio del nuevo gobierno.

Análisis político

La estrategia de Rodrigo Lara busca centralizar el control sobre una entidad históricamente señalada por clientelismo y corrupción, utilizando la presidencia del CERREM como un mecanismo de fiscalización directa. Al eliminar la delegación de funciones, el ministro se posiciona como el único responsable de la toma de decisiones, lo que le permite depurar la asignación de esquemas de seguridad y desarticular posibles redes de influencia heredadas de la administración anterior. El gran ganador es el Gobierno, que proyecta una imagen de orden y lucha contra la corrupción en una entidad sensible, mientras que los sectores políticos que utilizaban la UNP para obtener beneficios personales pierden su capacidad de maniobra. La narrativa oficial se construye bajo el principio de transparencia y rigor técnico, contrastando con las denuncias de 'jugaditas' y favoritismos que han afectado la credibilidad de la institución en los últimos años.