Revelan intento de la DNI por obtener el censo electoral antes de elecciones presidenciales
Resumen
Documentos internos revelan que René Guarín, entonces director encargado de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), solicitó formalmente a la Registraduría Nacional el censo electoral completo el 9 de abril de 2026. La petición incluía datos individualizados como números de cédula, género, edad, pertenencia étnica y puestos de votación, bajo el argumento de labores de contrainteligencia y seguridad nacional. La Registraduría negó el acceso a la información al no encontrar un soporte legal válido que justificara la entrega de dicha base de datos.
Expertos como el exregistrador Juan Carlos Galindo y la directora de la MOE, Alejandra Barrios, calificaron el hecho como una extralimitación sin precedentes. Advirtieron que la entrega de esta información habría facilitado riesgos graves como el constreñimiento electoral, la compra de votos y la posible manipulación de datos personales de los ciudadanos. La solicitud se produjo en un contexto de alta tensión, marcado por denuncias de la Registraduría sobre millones de ataques cibernéticos a su plataforma durante el proceso electoral.
La investigación también vincula a la DNI con un supuesto plan para vulnerar los sistemas electorales, señalando a Carlos Oyola, un exfuncionario de la entidad, como presunto líder de una red de hackers. Aunque la DNI alertó previamente sobre riesgos de ciberseguridad, la falta de controles sobre la agencia ha generado cuestionamientos sobre su funcionamiento durante el Gobierno de Gustavo Petro. Hasta el momento, ni la DNI ni el exdirector Guarín han ofrecido explicaciones sobre el alcance de estas operaciones.
Análisis Político
La estrategia observada sugiere un intento de centralización de información sensible bajo el pretexto de la seguridad nacional, lo cual erosiona la separación de poderes y la neutralidad de las instituciones electorales. Al intentar acceder a datos individualizados, la DNI buscaba una capacidad de perfilamiento ciudadano que, en manos del Ejecutivo, altera el equilibrio democrático y genera una desconfianza sistémica en la integridad de los comicios.
El Gobierno y la DNI pierden legitimidad al quedar expuestos ante una posible extralimitación de funciones, mientras que la Registraduría gana credibilidad al haber negado la solicitud. La narrativa se construye mediante la contraposición entre la seguridad nacional, invocada por el oficialismo, y la protección de los derechos fundamentales y la transparencia electoral, defendida por observadores y expertos que exigen controles más estrictos sobre los organismos de inteligencia.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
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