El senador Enrique Gómez Martínez, del partido Salvación Nacional, radicó un proyecto de acto legislativo ante el Congreso con el objetivo de fijar el cierre definitivo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en marzo de 2028. La propuesta busca eliminar la posibilidad de prórrogas adicionales, argumentando que el tribunal debe cumplir con su carácter transitorio y evitar una extensión que, según el congresista, implicaría costos excesivos para el erario público. El proyecto contempla que, tras el cese de funciones, los procesos pendientes sean trasladados a la justicia ordinaria bajo un régimen de transición que garantice los derechos de los comparecientes. El autor de la iniciativa sostiene que la JEP ha funcionado como un fortín burocrático con resultados limitados en términos de verdad, justicia y reparación para las víctimas. Gómez cuestionó la estructura administrativa del tribunal, señalando la existencia de más de 1.400 funcionarios de planta y 1.200 contratistas, además de criticar el alto costo de las sentencias emitidas hasta la fecha. Según el senador, los recursos destinados a esta jurisdicción deberían redirigirse a la justicia ordinaria para descongestionar los juzgados y fortalecer la capacidad operativa del sistema judicial tradicional. La propuesta ha generado una fuerte controversia política, siendo calificada por el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, como un ataque grave contra la justicia transicional. Mientras sectores afines a la iniciativa respaldan la reducción presupuestal y el desmonte del tribunal, otros actores advierten sobre los riesgos de modificar el esquema de juzgamiento para los exintegrantes de las FARC y miembros de la Fuerza Pública. El debate se desarrolla en paralelo a la discusión del Presupuesto General de la Nación, donde ya se han planteado recortes específicos para la entidad.

Análisis político

La estrategia política de Salvación Nacional se centra en capitalizar el descontento ciudadano frente a los costos operativos de la justicia transicional y la percepción de impunidad. Al vincular el cierre de la JEP con la eficiencia presupuestal y el fortalecimiento de la justicia ordinaria, el senador Gómez busca desplazar el debate desde la legitimidad del acuerdo de paz hacia una discusión técnica y fiscal, logrando así una mayor tracción en el Congreso y en la opinión pública crítica con el tribunal. En este escenario, el principal perdedor es la institucionalidad de la JEP, que ve amenazada su estabilidad y su capacidad de concluir los macrocasos abiertos, mientras que el sector político que lidera la oposición al acuerdo de paz gana visibilidad y capacidad de agenda. La narrativa se construye mediante una polarización clara: por un lado, se presenta a la JEP como un gasto burocrático ineficiente que revictimiza a los afectados, y por otro, se defiende la necesidad de mantener el tribunal para garantizar el cumplimiento de los compromisos de verdad y no repetición derivados del proceso de paz.