Radican reforma constitucional para finalizar funciones de la JEP en 2028Actualizado · hace 54 días
Resumen
El senador Enrique Gómez, del partido Salvación Nacional, radicó un proyecto de acto legislativo que busca limitar la vigencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a un periodo improrrogable de diez años, finalizando en marzo de 2028. La iniciativa propone que, tras esta fecha, las funciones pendientes sean asumidas por la justicia ordinaria, garantizando que los comparecientes no reciban un tratamiento penal más gravoso. El congresista argumenta que el tribunal ha tenido un rendimiento insuficiente y cuestiona su estructura administrativa, señalando un crecimiento excesivo en su planta de personal y costos operativos.
La propuesta cuenta con el respaldo del senador Simón Molina, del Centro Democrático, quien se unió a la iniciativa como parte de una estrategia para frenar la continuidad del tribunal. Los promotores del proyecto sostienen que la JEP no ha cumplido con las expectativas de verdad, justicia y reparación para las víctimas, calificándola como un mecanismo ineficiente que ha generado impunidad. Además, el debate se enmarca en una coyuntura de recortes presupuestales, donde ya se ha reducido el presupuesto de la entidad en 170 mil millones de pesos.
La JEP, creada tras los acuerdos de paz de 2016, cuenta actualmente con un marco normativo que permite una vigencia de hasta 20 años, incluyendo periodos de prórroga. La reforma constitucional requiere ocho debates en el Congreso para ser aprobada, lo que abre un escenario de polarización política sobre el futuro de la justicia transicional. Mientras los sectores críticos insisten en el desmonte del tribunal, el debate se centra en cómo garantizar los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de quienes están sometidos a esta jurisdicción durante una eventual transición.
Análisis Político
La estrategia política detrás de esta iniciativa busca capitalizar el descontento de sectores conservadores y de opinión pública frente a los resultados de la justicia transicional, utilizando el argumento de la eficiencia presupuestal como un vehículo para deslegitimar la estructura institucional de la JEP. Al proponer el traslado de competencias a la justicia ordinaria, los promotores intentan normalizar el desmonte de un tribunal que consideran un obstáculo para sus agendas políticas, logrando alinear a bancadas opositoras bajo una narrativa de austeridad y justicia efectiva.
En este evento, los sectores que se oponen a la JEP ganan terreno al posicionar el debate en la agenda legislativa, obligando a sus defensores a justificar la permanencia de la entidad en términos de resultados concretos. Por su parte, la JEP pierde capacidad de maniobra al verse cuestionada no solo en su legitimidad, sino en su viabilidad financiera. La construcción de narrativas es divergente: mientras los proponentes del proyecto presentan el cierre como una medida de ahorro y justicia, sus críticos ven en esta maniobra un intento de debilitar los acuerdos de paz y evadir la verdad sobre el conflicto armado.
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