Proyecto de ley busca restringir acceso a redes sociales para menores de 14 años
Resumen
El Congreso de la República inició el trámite de un proyecto de ley que busca prohibir el acceso y registro de menores de 14 años a redes sociales, salvo en plataformas diseñadas específicamente para ellos con control parental. La iniciativa, radicada por el representante Germán Rozo, recibió ponencia positiva en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. El texto propone un marco regulatorio estricto para las plataformas digitales que operan en el país, argumentando la necesidad de proteger a los menores frente a riesgos como la explotación sexual, el grooming y el reclutamiento por grupos armados.
La propuesta impone obligaciones técnicas a las redes sociales, incluyendo la verificación obligatoria de identidad para todos los usuarios y la transparencia en el funcionamiento de sus algoritmos de recomendación. Las plataformas deberán habilitar canales rápidos para denunciar contenido ilegal, los cuales deberán ser remitidos a la Policía, la Fiscalía y el ICBF cuando existan indicios de vulneración de derechos. Además, se prohíbe explícitamente la creación de cuentas falsas, la retención de datos sin consentimiento y la difusión de información falsa destinada a manipular la opinión pública.
El régimen sancionatorio recaería sobre la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad facultada para imponer multas de hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En casos de incumplimientos reiterados, la autoridad podría ordenar el bloqueo temporal o permanente de la operación de la plataforma en territorio colombiano. El proyecto ahora se prepara para su primer debate en la Comisión Sexta, marcando un precedente en la regulación digital del país similar a medidas adoptadas en naciones como Australia, Francia y España.
Análisis Político
La estrategia política detrás de esta iniciativa se fundamenta en la protección de la infancia como un tema de consenso social, lo que facilita su avance legislativo al apelar a la seguridad y la prevención de delitos graves. Al vincular el uso de redes sociales con la criminalidad y el reclutamiento forzado, el autor del proyecto construye una narrativa de urgencia que desplaza el debate sobre la libertad de expresión hacia uno de responsabilidad corporativa y protección estatal. Esta táctica permite al legislador posicionarse como un defensor de los derechos de los menores, capitalizando una preocupación creciente en la opinión pública.
En este escenario, los principales ganadores políticos son los congresistas que impulsan la agenda de control digital, al obtener visibilidad y respaldo en un tema de alta sensibilidad. Por el contrario, las plataformas digitales se perfilan como las grandes perdedoras, al enfrentar no solo riesgos de multas económicas significativas, sino también la amenaza de una restricción operativa que alteraría su modelo de negocio en Colombia. La narrativa se divide entre quienes priorizan la soberanía regulatoria y la seguridad de los menores, frente a las empresas que deberán adaptar sus estándares globales a una legislación local más restrictiva.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
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