La Procuraduría General de la Nación extendió por tres meses la suspensión provisional de diez funcionarios del Inpec, medida que estará vigente hasta octubre de 2026. Los implicados, entre los que se encuentran dragoneantes, tenientes y un inspector jefe, son investigados por presuntas irregularidades durante una fiesta vallenata realizada el pasado 8 de abril en la cárcel La Paz de Itagüí. El ente de control sostiene que la medida es necesaria para evitar interferencias en el proceso disciplinario y prevenir la reiteración de conductas irregulares. El evento, que contó con la participación del cantante Nelson Velásquez, generó una fuerte controversia debido a que el centro penitenciario alberga a gestores de paz vinculados a estructuras criminales del Valle de Aburrá. Las investigaciones señalan que se habrían omitido controles de ingreso, registro y reseña de los músicos, además de existir indicios sobre el ocultamiento de información en informes oficiales. También se ha denunciado la posible desactivación de cámaras de seguridad y el uso de recursos ilícitos para financiar la celebración. El cantante Nelson Velásquez se desvinculó de la organización del evento, asegurando que su presencia respondió a un compromiso artístico y que recibió información de que se trataba de una actividad cultural autorizada. Por su parte, la Procuraduría mantiene el proceso activo para esclarecer la responsabilidad de los servidores públicos en lo que se considera una vulneración de los protocolos de seguridad. La situación ha reavivado el debate sobre las condiciones de reclusión de voceros de bandas criminales y la efectividad de los controles internos en los penales.

Análisis político

La estrategia de la Procuraduría se centra en el ejercicio de control disciplinario como mecanismo para salvaguardar la integridad de las investigaciones frente a posibles obstrucciones de funcionarios públicos. Al prorrogar la suspensión, el ente de control busca enviar un mensaje de rigor institucional ante la percepción de debilidad en los controles carcelarios, especialmente en un contexto donde la gestión de los denominados gestores de paz ha sido objeto de escrutinio público y político. En este escenario, la Procuraduría gana legitimidad al actuar contra la corrupción interna, mientras que el Inpec y la política de paz urbana del Gobierno pierden credibilidad ante la opinión pública. La narrativa se construye mediante la contraposición entre la institucionalidad que busca sancionar las irregularidades y la imagen de un sistema penitenciario permeado por el poder de los cabecillas criminales, quienes logran imponer sus condiciones dentro de los centros de reclusión.