Procuraduría exige a la UNGRD reabrir registro de damnificados por terremoto en el Eje Cafetero
Resumen
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) la reapertura extraordinaria del Registro Único de Damnificados (RUD). Esta medida responde a las denuncias de gobernadores y alcaldes de Risaralda, Quindío y Caldas, quienes reportaron que numerosas familias quedaron excluidas del censo tras el cierre del registro el pasado 4 de septiembre. El Ministerio Público advirtió que el proceso administrativo se adelantó antes de finalizar las evaluaciones técnicas de las viviendas afectadas por el sismo del 10 de agosto.
Las autoridades territoriales señalaron que la falta de actualización en las plataformas impide registrar los daños ocasionados por más de 1.300 réplicas sísmicas. Además, se evidenciaron demoras significativas en la entrega de auxilios económicos y una distribución desigual de los recursos entre los municipios afectados. La carencia de ingenieros estructurales y maquinaria amarilla para la remoción de escombros y demoliciones agrava la situación de las comunidades, especialmente en zonas rurales y territorios étnicos.
El ente de control instó al Gobierno nacional a establecer un reglamento claro para la entrega de ayudas y a implementar un enfoque diferencial para las poblaciones vulnerables. La solicitud busca garantizar que la atención integral llegue a todos los damnificados que actualmente permanecen en situación de riesgo. La UNGRD deberá ahora definir si accede a la apertura condicionada del sistema para corregir las fallas reportadas en la gestión de la emergencia.
Análisis Político
La estrategia de la Procuraduría se centra en ejercer un control preventivo que visibiliza las deficiencias operativas del Gobierno nacional en la gestión de desastres, posicionándose como un defensor de las autoridades locales y las comunidades afectadas. Al documentar fallas técnicas y administrativas, el organismo de control traslada la responsabilidad política de la crisis a la UNGRD, obligando a la entidad a responder ante la opinión pública por la falta de celeridad y la exclusión de familias en el registro oficial.
En este escenario, los mandatarios locales ganan legitimidad al canalizar sus quejas a través de un ente de control, mientras que el Gobierno nacional pierde terreno al ser cuestionado por su capacidad de respuesta técnica y logística. La narrativa se construye mediante la contraposición entre la urgencia de las necesidades territoriales y la rigidez burocrática de la entidad nacional, lo que permite a la Procuraduría capitalizar el descontento social y presionar por cambios en la ejecución de los recursos públicos.
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