El presidente Abelardo de la Espriella firmó el Decreto 1525 de 2026, el cual establece nuevas directrices para la intervención de la Fuerza Pública durante las manifestaciones. La normativa busca equilibrar el derecho a la protesta pacífica con la protección de los derechos de terceros, prohibiendo bloqueos permanentes y actos vandálicos. El Gobierno enfatizó que, aunque el diálogo es una regla de preferencia, no constituye un requisito previo para intervenir ante hechos violentos o delitos flagrantes. La medida fue expedida un día antes de la primera jornada de movilizaciones convocada por la oposición, lo que generó críticas inmediatas de diversos sectores políticos. Congresistas y líderes sociales argumentan que el decreto es inconstitucional y regresivo, señalando que la regulación de derechos fundamentales debe realizarse mediante una ley estatutaria y no a través de un acto administrativo. Además, cuestionan la celeridad del proceso de consulta y la posible usurpación de facultades del Congreso por parte del Ejecutivo. El decreto introduce cinco niveles de actuación institucional, desde la prevención hasta el uso de la fuerza especializada, y exige la creación de corredores solidarios para misiones médicas y servicios esenciales. Asimismo, obliga a las autoridades locales a rendir cuentas sobre el uso de la fuerza y los resultados de las jornadas en un plazo máximo de 72 horas. La norma ya enfrenta demandas de nulidad ante el Consejo de Estado por parte de figuras de la oposición y constitucionalistas.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en la construcción de una narrativa de orden y autoridad, utilizando el decreto como una herramienta para deslegitimar los bloqueos viales al equipararlos con actos delictivos. Al expedir la norma horas antes de las marchas, el Ejecutivo busca marcar una línea divisoria clara entre la protesta pacífica y la violencia, intentando ganar el respaldo de sectores ciudadanos afectados por la parálisis de la movilidad y la actividad económica. En este escenario, el Gobierno gana capacidad de maniobra operativa para la Fuerza Pública, pero pierde capital político ante la oposición, que capitaliza el descontento bajo la bandera de la defensa de los derechos constitucionales. La narrativa de la oposición se construye sobre la idea de un Ejecutivo autoritario que ignora la separación de poderes, mientras que el Gobierno se posiciona como el garante de la libertad de circulación y el orden público, trasladando el conflicto al terreno jurídico donde el Consejo de Estado deberá dirimir la validez de la medida.