El intendente César Augusto Rodríguez Nieves y el auxiliar Bryan Stiven Lizarazo Torres fueron asesinados el viernes 25 de septiembre en el municipio de Ábrego, Norte de Santander. Los uniformados se desplazaban en una patrulla oficial hacia un centro educativo para realizar una actividad de prevención con la comunidad cuando fueron interceptados por hombres armados. Los agresores dispararon desde otro vehículo y posteriormente huyeron en dirección a Cúcuta, dejando a los dos policías sin vida en el lugar de los hechos. Las autoridades han desplegado un operativo conjunto entre la Policía Nacional y el Ejército para localizar a los responsables del ataque. Como parte de las medidas inmediatas, se anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los autores materiales del crimen. El comando de policía departamental confirmó que se están realizando labores de inteligencia y criminalística para esclarecer las circunstancias exactas de la emboscada. El presidente Abelardo de la Espriella condenó el atentado y señaló la presencia de los frentes Camilo Torres y Carlos Armando Cacua Guerrero del ELN en la zona. El mandatario calificó el hecho como un acto criminal y prometió acciones contundentes para dar con los responsables. Mientras tanto, la institución policial expresó su solidaridad con las familias de las víctimas, destacando la trayectoria de 20 años del intendente Rodríguez y la juventud del auxiliar Lizarazo.

Análisis político

El evento evidencia una estrategia de confrontación directa por parte de grupos armados ilegales contra la Fuerza Pública en zonas de alta conflictividad como el Catatumbo. La respuesta del Gobierno se centra en la retórica de la mano dura y la oferta de recompensas, buscando proyectar autoridad ante la opinión pública tras un golpe a la seguridad institucional. Esta narrativa busca legitimar la persecución militar y policial como una respuesta necesaria ante la persistencia de estructuras criminales en corredores estratégicos. El Gobierno gana legitimidad al mostrar una postura firme y de respaldo a la institución policial, mientras que los grupos armados, al atacar patrullas en labores comunitarias, buscan desestabilizar el control territorial y generar zozobra. La construcción de la narrativa oficial enfatiza el heroísmo de los uniformados y la naturaleza 'narcoterrorista' de los atacantes, diferenciándose de enfoques que podrían priorizar el diálogo. En este escenario, la seguridad se convierte en el eje central de la disputa política, donde cada ataque refuerza la presión sobre el Ejecutivo para demostrar resultados operativos inmediatos.

El intendente César Augusto Rodríguez Nieves, de 40 años, y el auxiliar Bryan Stiven Lizarazo Torres, de 19, fueron asesinados este 25 de septiembre en el municipio de Ábrego, Norte de Santander. Los uniformados se desplazaban en una patrulla oficial hacia un colegio para realizar una actividad preventiva cuando fueron interceptados y atacados con armas de fuego por sujetos que huyeron en otro vehículo. Ambos fallecieron en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas causadas por ráfagas de fusil.

Análisis político

El evento evidencia una estrategia de confrontación directa contra la Fuerza Pública en zonas estratégicas como el Catatumbo, donde grupos armados ilegales buscan ejercer control territorial mediante acciones violentas. La respuesta del Ejecutivo se centra en una narrativa de mano dura y retaliación, utilizando un lenguaje confrontacional que busca reafirmar la autoridad estatal frente a la percepción de inseguridad y la posible existencia de un 'plan pistola'. El Gobierno central capitaliza el evento para fortalecer su imagen de firmeza ante el ELN, mientras que las autoridades locales, como la Alcaldía de Ábrego, enfrentan el costo político de la inestabilidad, viéndose obligadas a evaluar medidas restrictivas como el toque de queda. La narrativa oficial construye a los uniformados como héroes nacionales, mientras que los grupos armados utilizan el ataque como una herramienta de desestabilización que erosiona la confianza en la presencia institucional en regiones periféricas.