El Servicio de Impuestos Internos y la Cámara Nacional de Comercio lanzaron la plataforma digital Sin Fachadas, diseñada para que ciudadanos y municipios reporten de forma anónima establecimientos comerciales con indicios de irregularidades. La herramienta busca canalizar información hacia el organismo fiscalizador para fortalecer la detección de incumplimientos tributarios y posibles actividades ilícitas. A pocos días de su implementación, el sistema ya ha recibido más de 200 denuncias ciudadanas.

Análisis político

La estrategia política detrás de esta iniciativa se basa en la colaboración público-privada para externalizar la fiscalización, utilizando la percepción de inseguridad ciudadana como motor de control territorial. Al involucrar a los municipios y a la ciudadanía, el Estado logra ampliar su capacidad de vigilancia sin aumentar directamente su dotación de personal, mientras que el gremio del comercio formal obtiene una herramienta para protegerse de la competencia desleal. El principal ganador es el sector del comercio formal, que logra posicionar su agenda de seguridad en el debate público, mientras que los actores que operan en la informalidad o en la ilegalidad son los principales perjudicados al quedar expuestos a una fiscalización ciudadana masiva. La narrativa se construye diferenciando entre el comercio legítimo y los negocios fachada, vinculando a estos últimos con el crimen organizado para legitimar medidas de control más estrictas.

El Servicio de Impuestos Internos y la Cámara Nacional de Comercio presentaron la plataforma digital Sin Fachadas, diseñada para que ciudadanos y municipios denuncien de forma anónima establecimientos con indicios de funcionamiento irregular. La herramienta busca fortalecer la fiscalización tributaria y combatir el uso de locales comerciales como fachada para actividades ilícitas. Los antecedentes recopilados son derivados directamente al organismo fiscalizador para su análisis y evaluación técnica. El lanzamiento fue acompañado por los resultados de una encuesta del Observatorio del Comercio Ilícito y Seguridad, la cual reveló que siete de cada diez personas perciben un aumento de estos negocios en sus barrios. Los rubros que generan mayor desconfianza son las barberías, peluquerías, centros de estética y los denominados malls chinos. Los encuestados señalaron como principales señales de alerta la baja afluencia de clientes, la ausencia de entrega de boletas y horarios de funcionamiento inusuales. Diversas autoridades municipales participaron en la instancia, destacando la utilidad de este canal para coordinar la labor de los inspectores locales con la fiscalización estatal. Los representantes de la Cámara Nacional de Comercio enfatizaron que la plataforma no busca estigmatizar rubros, sino proteger al comercio formal y mejorar la seguridad ciudadana. El director del Servicio de Impuestos Internos calificó la iniciativa como una herramienta potente para enfrentar el fraude tributario y el crimen organizado.

Análisis político

La estrategia observada se basa en la colaboración público-privada para externalizar la fiscalización hacia la ciudadanía, convirtiendo la percepción de inseguridad en datos concretos para el Estado. Al integrar a los municipios en la cadena de denuncia, el gobierno y el gremio comercial buscan descentralizar el control de las economías ilícitas, respondiendo a la presión social por mayor seguridad en los barrios. El gran ganador es el comercio formal, que logra canalizar el descontento ciudadano hacia una herramienta institucional, mientras que el SII optimiza su capacidad de inteligencia mediante el reporte masivo. Por otro lado, los sectores económicos informales o aquellos rubros estigmatizados por la encuesta pierden legitimidad pública, enfrentando una mayor vigilancia que podría derivar en sanciones administrativas o penales, independientemente de si operan o no bajo la legalidad.