El presidente Gustavo Petro y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, protagonizaron un fuerte intercambio de acusaciones tras la decisión de la administración distrital de cubrir con pintura gris un mural que incluía la frase “Defensiva Antifa”. El mandatario local justificó la acción argumentando que la intervención en la avenida Ferrocarril con San Juan carecía de permisos y fue realizada por personas que buscaban generar desorden. Además, Gutiérrez solicitó a la Defensoría del Pueblo investigar a sus funcionarios por participar en la actividad, la cual, según el alcalde, incluyó la distribución de panfletos alusivos a una organización vinculada con el terrorismo. El presidente Petro calificó la medida como un acto de censura y tildó al alcalde de “alcalde del fascio”, defendiendo la expresión artística como un derecho de la juventud. En su intervención, el jefe de Estado lanzó graves señalamientos sobre el presunto uso de recursos de Empresas Públicas de Medellín en fondos vinculados a mafias ilegales del oro para financiar campañas de desprestigio político. Estas declaraciones fueron rechazadas por Gutiérrez, quien acusó al presidente de estar “loco de remate” y le recordó que su mandato presidencial finalizará en poco más de un mes. La disputa escaló a un plano personal donde ambos mandatarios recordaron episodios de campañas electorales pasadas para cuestionar la ética del otro. Mientras la Alcaldía insiste en que su actuación responde al cumplimiento de la normativa de espacio público y al orden ciudadano, el Gobierno nacional sostiene que se trata de una persecución contra el arte y la oposición. La Defensoría del Pueblo ha anunciado que sostendrá una reunión con el alcalde para abordar la actuación de sus funcionarios en el evento.

Análisis político

El evento evidencia una estrategia de polarización extrema donde ambos actores utilizan el espacio público como un escenario para consolidar sus bases electorales y desgastar la imagen del adversario. El presidente Petro emplea una narrativa de defensa de las libertades y derechos humanos para señalar a su contraparte como un actor autoritario, mientras que Gutiérrez capitaliza el discurso de orden y legalidad para presentarse como un administrador eficiente frente a lo que denomina el caos promovido por el Gobierno nacional. En este enfrentamiento, ambos buscan capitalizar el desgaste político del otro en la recta final del periodo presidencial. El alcalde de Medellín gana visibilidad nacional al confrontar directamente al jefe de Estado, reforzando su perfil de opositor, mientras que el presidente intenta desviar la atención hacia supuestas irregularidades administrativas en la gestión local. La construcción de narrativas opuestas —'censura fascista' frente a 'recuperación del orden'— profundiza la fractura institucional entre el Ejecutivo nacional y la administración distrital.