El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Israel a partir del 7 de agosto, revirtiendo la ruptura decretada por Gustavo Petro en mayo de 2024. El acuerdo, consolidado en Washington por el canciller designado Omar Bula Escobar y el ministro israelí Gideon Sa'ar, incluye el intercambio de embajadores, la eliminación recíproca de visas y el traslado de la embajada colombiana a Jerusalén. Además, el nuevo gobierno retirará la intervención de Colombia en la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia. La decisión ha generado una fuerte controversia política, con el presidente saliente Gustavo Petro calificando el traslado de la embajada como una "grosería máxima" hacia los pueblos islámicos y una complicidad con el conflicto en Gaza. Petro argumentó que la política exterior debe centrarse en la paz y el respeto a los tratados internacionales, señalando que el apoyo a Israel contradice los valores constitucionales de libertad de cultos. Por su parte, el grupo Hamás condenó el anuncio, calificándolo de irresponsable y una violación del derecho internacional. Este giro en la política exterior marca un retorno a la alianza estratégica que Colombia mantenía con Israel en materia de seguridad, defensa y tecnología antes de la ruptura. Mientras el gobierno entrante busca recuperar la confianza de aliados internacionales y fortalecer la cooperación bilateral, el sector oficialista actual mantiene su postura crítica sobre la legitimidad de las acciones militares israelíes. La medida sitúa a Colombia en un grupo reducido de países que han trasladado sus sedes diplomáticas a Jerusalén, generando reacciones diversas en la comunidad internacional.

Análisis político

La estrategia del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella busca una reconfiguración inmediata de la política exterior colombiana, priorizando el pragmatismo y la reconstrucción de alianzas tradicionales de seguridad. Al formalizar este giro en Washington, el nuevo equipo de gobierno proyecta una imagen de alineamiento con bloques occidentales, utilizando la diplomacia como herramienta para marcar una ruptura simbólica y operativa con la administración saliente. El ganador es el gobierno electo, que logra capitalizar el descontento de sectores que criticaron la ruptura diplomática, mientras que el perdedor es la narrativa de política exterior del actual gobierno, que ve cómo sus pilares ideológicos son desmantelados en sus primeros días de gestión. Las narrativas se construyen bajo una polarización profunda: mientras el gobierno electo presenta el restablecimiento como una recuperación de la "seriedad" y la "confiabilidad" diplomática, el presidente Petro utiliza un lenguaje moralista y de derechos humanos para estigmatizar la decisión como una complicidad con el genocidio. Esta confrontación no solo busca definir la identidad internacional de Colombia, sino que también sirve para consolidar las bases electorales de ambos sectores, utilizando el conflicto en Medio Oriente como un espejo de las divisiones internas sobre la soberanía, la ética política y el papel del país en el sistema internacional.