El complejo fronterizo Los Libertadores completa 20 días de inactividad debido a un sistema frontal que ha depositado hasta 6,6 metros de nieve en la alta cordillera. Esta interrupción, calificada como excepcional por las autoridades regionales, ha obligado a mantener el cierre del principal corredor terrestre entre Chile y Argentina. La Unidad de Pasos Fronterizos del Ministerio del Interior coordina con sus contrapartes argentinas las labores de despeje, sin establecer aún una fecha de reapertura debido a los riesgos de avalanchas y las condiciones de seguridad en la ruta. La Confederación Nacional de Dueños de Camiones ha manifestado su preocupación por el impacto en la cadena de abastecimiento y el incremento en los costos operacionales para las empresas de transporte. El gremio advierte que los pasos alternativos, como Pino Hachado y Cardenal Samoré, no poseen la capacidad suficiente para absorber el flujo habitual de carga, lo que ha generado congestión y esperas prolongadas. Cerca de 2.700 camiones argentinos permanecen a la espera en aparcaderos de la región de Cuyo y Mendoza. Las autoridades chilenas han desplegado maquinaria especializada y apoyo del Ejército para avanzar en las labores de despeje y reinstalar a los 400 funcionarios del complejo. El delegado presidencial provincial de Los Andes enfatizó que la prioridad es la seguridad de las personas, descartando una apertura apresurada. Este periodo de cierre se posiciona como el segundo más largo registrado, superado únicamente por los 26 días de inactividad ocurridos durante el invierno de 2023.

Análisis político

La estrategia política observada se centra en la gestión de crisis mediante la coordinación binacional y la priorización de la seguridad pública sobre la presión económica. El Gobierno busca mitigar el descontento del sector transportista enfatizando la excepcionalidad climática y la seguridad de los funcionarios, mientras que los gremios de camioneros utilizan la coyuntura para visibilizar la vulnerabilidad estructural de la conectividad terrestre del país, buscando influir en futuras políticas de infraestructura. En este escenario, los gremios de transporte pierden rentabilidad y eficiencia operativa, mientras que el Gobierno enfrenta el desafío de mantener el abastecimiento nacional bajo condiciones extremas. La narrativa oficial se construye sobre la prudencia técnica y la seguridad, mientras que la narrativa del sector privado se edifica sobre la urgencia logística y la necesidad de diversificar las rutas internacionales para evitar la dependencia crítica de un solo paso fronterizo.