Salomé Vásquez Sánchez, una menor de dos años reportada como desaparecida desde el 20 de septiembre en Ubaté, fue localizada con vida en una zona rural del municipio de Paime. El operativo de recuperación fue ejecutado por tropas del Gaula Militar Cundinamarca en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Tras su hallazgo, la niña fue trasladada a un hospital municipal para recibir valoración médica y atención profesional. Las investigaciones preliminares señalan que el padre de la menor sería el principal sospechoso de su retención. Según testimonios, el hombre habría amenazado a la madre de la niña con atentar contra la vida de ambos tras la ruptura de su relación sentimental. El sujeto habría abandonado a la menor en una vivienda de Paime y posteriormente contactó a un familiar para informar sobre su ubicación, lo que permitió la intervención de las autoridades. La menor se encuentra actualmente bajo custodia de la Comisaría de Familia, entidad que activó la ruta de protección integral. Aunque el Ejército Nacional confirmó el éxito del procedimiento en el marco del Plan Ayacucho Plus, las autoridades aún no han entregado detalles sobre posibles capturas o las circunstancias exactas del cautiverio. El caso ha puesto de relieve la necesidad de fortalecer los mecanismos de respuesta inmediata ante la desaparición de menores en el país.

Análisis político

El evento evidencia una estrategia de comunicación institucional enfocada en resaltar la capacidad operativa y la coordinación interinstitucional entre el Ejército y la Fiscalía. Al enmarcar el rescate dentro del Plan Ayacucho Plus, las fuerzas militares buscan proyectar resultados concretos en la lucha contra el secuestro y la protección de la población civil, capitalizando políticamente el éxito de una operación de alto impacto emocional. En esta narrativa, el Estado se posiciona como el garante de la seguridad frente a la violencia intrafamiliar, mientras que la familia de la víctima y la sociedad civil actúan como receptores de la protección estatal. El desenlace del caso favorece la imagen de las instituciones de seguridad, aunque deja interrogantes sobre la eficacia de las medidas preventivas ante las amenazas previas denunciadas por la madre, lo que traslada la responsabilidad de la gestión del riesgo hacia las entidades de protección a la infancia.