La bancada del Pacto Histórico oficializó su inasistencia a la ceremonia de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali, calificando el acto como una desobediencia civil pacífica. Los congresistas argumentaron que la investidura debe realizarse ante el Congreso de la República en Bogotá, según lo estipulado por la Constitución, y cuestionaron el gasto público destinado al traslado del evento. Como medida de austeridad y protesta, los legisladores renunciaron a su salario y a los servicios logísticos correspondientes a esa jornada. El movimiento político denunció además restricciones administrativas por parte de las mesas directivas del Legislativo, las cuales habrían impedido el uso del Salón Elíptico y la instalación de equipos en la Plaza de Bolívar para realizar una declaración política. Ante este escenario, la bancada se concentró en las escalinatas del Capitolio Nacional para presentar un pliego de siete puntos críticos frente al nuevo Gobierno. Entre sus reclamos, destacaron diferencias en política exterior, el modelo de Estado y la gestión de la descentralización territorial. La jornada de protesta reafirmó la postura de la colectividad como oposición, manteniendo sus denuncias sobre presuntas irregularidades en el proceso electoral. Aunque los congresistas reconocieron la legitimidad institucional de la llegada de De la Espriella al poder, insistieron en que continuarán utilizando las vías judiciales para esclarecer sus cuestionamientos. La movilización concluyó con un llamado a la defensa de la democracia y la soberanía, marcando el inicio de una relación tensa entre el nuevo Ejecutivo y la bancada mayoritaria del Congreso.

Análisis político

La estrategia del Pacto Histórico se centra en la construcción de una narrativa de resistencia institucional que busca capitalizar su rol como la bancada más numerosa del Congreso. Al calificar su ausencia como un acto de desobediencia civil y renunciar a recursos públicos, el movimiento intenta elevar su legitimidad moral frente a sus bases, mientras utiliza las denuncias de censura administrativa para posicionarse como una fuerza política bajo asedio. Esta táctica busca desgastar la imagen del nuevo Gobierno desde su primer día, presentándolo como un actor que ignora las formas constitucionales y la dignidad del Legislativo. En este pulso, el Pacto Histórico gana visibilidad mediática y cohesión interna al consolidar un frente común, aunque corre el riesgo de ser percibido como un actor que prioriza la confrontación sobre la deliberación legislativa. Por su parte, el Gobierno de De la Espriella logra ejecutar su agenda de descentralización al realizar la posesión en Cali, un gesto simbólico que busca marcar distancia con el establecimiento bogotano. La narrativa del nuevo Ejecutivo se construye sobre la idea de un cambio de mando que trasciende las estructuras tradicionales, mientras que la oposición intenta encuadrar dicho cambio como una vulneración a la institucionalidad republicana.