Organizaciones exigen medidas urgentes tras 74 asesinatos de mujeres en el Atlántico
Resumen
El departamento del Atlántico registra 74 mujeres asesinadas en lo corrido de 2026, tras una reciente ola de violencia que incluyó el homicidio de Shirley Patricia Payares Díaz en Barranquilla y otros casos en el municipio de Soledad. La Mesa Amplia de Mujeres del Atlántico ha denunciado que estos crímenes no son hechos aislados, sino que reflejan una crisis de seguridad agravada por la instrumentalización de mujeres en disputas territoriales de grupos criminales como Los Pepes, Los Costeños y el Clan del Golfo. La organización advierte que quienes se niegan a colaborar con estas estructuras enfrentan amenazas y ataques directos.
Ante este panorama, las lideresas sociales han solicitado al Gobierno nacional la implementación efectiva del artículo 344 de la Ley 2294 de 2023, que contempla la declaratoria de emergencia por violencia de género. Las peticiones incluyen la convocatoria de consejos de seguridad especializados, el fortalecimiento de casas refugio y la garantía de atención jurídica y psicológica gratuita para las víctimas y sus familias. La Mesa enfatiza que la falta de respuesta institucional frente a sus advertencias previas ha permitido que la violencia continúe escalando en la región.
Las autoridades locales mantienen investigaciones abiertas sobre los múltiples ataques sicariales, incluyendo el doble homicidio de una madre y su hija de 14 años en Soledad. Mientras la Policía reporta capturas en casos específicos, como el del presunto agresor de Payares Díaz, las organizaciones sociales insisten en que el cuerpo de la mujer está siendo utilizado como un botín de guerra. La exigencia central es un cambio en la estrategia estatal que priorice la protección de la vida y evite la revictimización de las familias afectadas.
Análisis Político
La estrategia de las organizaciones de mujeres se centra en la presión institucional mediante la exigencia de cumplimiento de leyes vigentes, buscando trasladar la responsabilidad de la seguridad de un asunto de orden público a una crisis de derechos humanos y género. Al vincular los feminicidios con las disputas de bandas criminales, las lideresas logran visibilizar la precariedad de la protección estatal, obligando a las autoridades locales y nacionales a reconocer que las medidas actuales son insuficientes frente a la instrumentalización delictiva.
En este escenario, el Gobierno y las autoridades locales pierden legitimidad al ser señalados por la inacción ante las alertas tempranas, mientras que las organizaciones sociales ganan capacidad de interlocución al posicionar el tema en la agenda pública. La narrativa de las organizaciones construye una distinción clara entre la violencia intrafamiliar tradicional y la violencia estructural derivada del control territorial, lo que obliga a los actores políticos a responder no solo con fuerza pública, sino con políticas de protección integral que hasta ahora han sido omitidas.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
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