La Operación Blindaje 360, denominada "Sin tregua al delito", culminó con la captura de 72 personas vinculadas a diversas organizaciones delictivas en Barranquilla y su área metropolitana. El despliegue, que contó con la participación de 587 efectivos de la Policía Nacional y el Ejército, incluyó 50 diligencias de allanamiento en cinco municipios del departamento del Atlántico. Entre los detenidos se encuentran presuntos integrantes de grupos como el Clan del Golfo, Los Costeños, Los del Freseo, Los Pepes y Los Rápidos, además de un ciudadano francés hallado con estupefacientes. El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, lideró la comunicación de los resultados, destacando la contundencia del Estado contra las redes de extorsión, microtráfico y homicidios. Las autoridades incautaron armamento, incluyendo un fusil traumático y una granada, junto con cantidades significativas de marihuana, cocaína y dinero en efectivo. El mandatario ordenó la deportación inmediata del ciudadano extranjero capturado durante el operativo. Los procesados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para enfrentar cargos por concierto para delinquir, homicidio, hurto calificado y porte ilegal de armas. La Fiscalía solicitará medida de aseguramiento en centro carcelario para los detenidos, argumentando el riesgo que representan para la seguridad ciudadana. Este operativo busca desarticular los engranajes financieros y operativos de las bandas que han afectado la tranquilidad en la región Caribe.

Análisis político

La estrategia política observada se basa en la exhibición de fuerza y la personalización de la seguridad como eje central de la gestión gubernamental. Al participar directamente en el operativo y utilizar una narrativa de confrontación directa contra el crimen, el presidente De La Espriella busca consolidar una imagen de autoridad y control territorial, utilizando el concepto de "la era del Tigre" para marcar un cambio en la percepción de seguridad pública. El gobierno gana legitimidad inmediata ante sectores ciudadanos que exigen resultados contra la inseguridad, mientras que las estructuras criminales pierden capacidad operativa y financiera. La narrativa se construye bajo una dicotomía clara entre "ciudadanos de bien" y "delincuentes", desplazando el miedo hacia los actores criminales. Esta estrategia busca capitalizar políticamente el éxito de la Fuerza Pública para fortalecer la confianza institucional en la región.