La Nueva EPS, la entidad con más afiliados en Colombia, presentó sus estados financieros de 2023 y 2024 tras una orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Los documentos revelan una situación crítica con pérdidas de 4,8 billones de pesos en 2024 y pasivos acumulados que ascienden a 22,5 billones. Esta información, que permaneció sin publicarse durante tres años, expone un deterioro financiero profundo que afecta la prestación de servicios a más de 11 millones de usuarios. El presidente Gustavo Petro atribuyó la crisis a un presunto desfalco orquestado por administraciones anteriores, señalando el hallazgo de cinco millones de facturas ocultas que habrían sido omitidas para esconder la insolvencia de la entidad. El mandatario afirmó que la EPS ya estaba quebrada antes de la intervención estatal de abril de 2024 y solicitó al Ministerio de Hacienda reconocer una deuda de 11 billones de pesos como pasivo público. Por su parte, el superintendente de Salud, Daniel Quintero, defendió la transparencia de la actual gestión y advirtió que una posible liquidación, planteada por sectores de oposición, afectaría gravemente a la red hospitalaria. Voceros de la oposición y gremios del sector salud cuestionaron duramente los resultados de la intervención gubernamental, calificándola de fracaso administrativo. Argumentan que la alta rotación de interventores y la gestión del Gobierno han profundizado la crisis, evidenciada en el aumento de la siniestralidad y la falta de recursos. Mientras el Gobierno busca estabilizar la entidad mediante auditorías y saneamiento, diversos sectores exigen soluciones estructurales para evitar el colapso del sistema de salud ante el inminente cambio de administración.

Análisis político

La estrategia política del Gobierno se centra en la narrativa de la 'herencia recibida' y la corrupción de administraciones previas, utilizando las cifras financieras como prueba de un desfalco sistemático para justificar la intervención. Al señalar a figuras de la oposición como responsables del deterioro, el Ejecutivo busca desviar la responsabilidad por los resultados negativos de su propia gestión y presionar al Ministerio de Hacienda para que asuma la deuda como un gasto público, lo cual tendría implicaciones directas en el presupuesto nacional. Por otro lado, la oposición capitaliza el desastre financiero para validar su tesis sobre la ineficiencia de la intervención estatal y el manejo ideológico del sistema de salud. Quien pierde en este escenario es el usuario final, cuya atención se ve comprometida por la incertidumbre institucional, mientras que ambos bandos construyen narrativas opuestas: el Gobierno presenta la revelación de cifras como un acto de transparencia y 'sinceramiento' contable, mientras que sus críticos lo interpretan como la confirmación del colapso operativo bajo la administración actual.

La Nueva EPS presentó sus estados financieros de 2023 y 2024, revelando pérdidas de 4,8 billones de pesos, pasivos superiores a 22 billones y un patrimonio negativo. Esta revelación, exigida por autoridades judiciales y la Superintendencia de Salud, expone un deterioro financiero que el Gobierno atribuye a la gestión de administraciones anteriores y a la ocultación deliberada de cinco millones de facturas. La entidad, actualmente bajo intervención estatal, busca con este reporte reducir la incertidumbre sobre su viabilidad y evitar una posible liquidación. El presidente Gustavo Petro aprovechó el balance para responsabilizar a sectores políticos cercanos al mandatario electo, Abelardo De la Espriella, y a figuras como Enrique Vargas Lleras, por el presunto desfalco de la entidad. Petro solicitó al Ministerio de Hacienda reconocer 11 billones de pesos de la deuda como deuda pública nacional, argumentando que corresponden a obligaciones del Estado. Esta propuesta busca priorizar el pago a hospitales públicos y trabajadores del sector salud mediante vigencias futuras. La respuesta de la oposición y diversos gremios del sector salud fue inmediata y crítica. Enrique Vargas Lleras calificó al mandatario de mentiroso y señaló que la crisis se profundizó bajo la actual intervención gubernamental. Por su parte, organizaciones como UNIPS advirtieron que los estados financieros carecen de dictamen de la Revisoría Fiscal, lo que genera dudas sobre la veracidad de las cifras y la real solvencia de la aseguradora más grande del país.

Análisis político

Se observa una estrategia de polarización donde el Gobierno saliente busca trasladar la responsabilidad política de la crisis financiera hacia la oposición, vinculando el déficit de la Nueva EPS con la gestión de figuras tradicionales. Al proponer que el Estado asuma la mitad de la deuda, Petro intenta blindar la atención en salud antes del cambio de mando, mientras utiliza el hallazgo de facturas ocultas como narrativa de transparencia frente a una supuesta corrupción sistémica de sus predecesores. En este escenario, el Gobierno saliente gana terreno al posicionarse como el ente que 'sinceró' las cuentas, aunque pierde credibilidad ante los gremios que cuestionan la falta de auditoría externa y la gestión de los interventores. La oposición, por su parte, capitaliza el descontento del sector salud para presentar la intervención como un fracaso administrativo, construyendo una narrativa de improvisación que busca desgastar el legado del actual Ejecutivo ante la opinión pública.

La Nueva EPS presentó sus estados financieros de 2023 y 2024 ante la Superintendencia de Salud, revelando un panorama crítico con pérdidas de 4,8 billones de pesos en 2024, pasivos totales por 22,5 billones y un patrimonio negativo de 11,9 billones. El agente interventor, Jorge Iván Ospina, destacó que la radicación de estas cifras busca aportar transparencia y evitar la liquidación de la entidad, que cuenta con más de 11,5 millones de afiliados. La información contable, sin embargo, ha sido cuestionada por gremios y sectores políticos debido a la falta de un dictamen de la Revisoría Fiscal y a que los datos fueron reconstruidos tras años de desorden administrativo. El presidente Gustavo Petro reaccionó a los informes asegurando que aproximadamente 11 billones de pesos de la deuda corresponden a obligaciones del Estado. El mandatario solicitó al Ministerio de Hacienda reconocer este monto como deuda pública nacional para pagarlo como un proyecto estratégico, priorizando el pago a hospitales y trabajadores de la salud. Petro aprovechó el anuncio para responsabilizar a la administración anterior, específicamente a la junta directiva donde participó Enrique Vargas Lleras, por lo que calificó como un desfalco y una gestión deshonrosa. Enrique Vargas Lleras respondió calificando al presidente de mentiroso compulsivo y señalando que la crisis actual es responsabilidad directa del Gobierno, que ha nombrado cinco interventores sin lograr estabilizar la entidad. Diversos congresistas y organizaciones como Acemi y UNIPS advirtieron que la situación financiera es insostenible y representa un riesgo sistémico para el sistema de salud. Mientras el Gobierno busca justificar la intervención mediante el reconocimiento de la deuda, la oposición sostiene que las cifras evidencian el fracaso de la administración estatal en la gestión de la EPS más grande del país.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en utilizar los estados financieros para validar su narrativa de que el sistema de salud ha sido desangrado por administraciones privadas, buscando legitimar la intervención estatal mediante la conversión de pasivos en deuda pública. Al proponer este pago, el Ejecutivo intenta trasladar la responsabilidad del déficit a la gestión de los actores políticos previos, mientras busca blindar la viabilidad de la Nueva EPS ante la opinión pública y evitar su liquidación. En este escenario, el Gobierno gana terreno al intentar normalizar la deuda como una obligación estatal, pero pierde credibilidad ante los gremios y la oposición, quienes denuncian la falta de rigor técnico en los balances y el uso político de la crisis. La oposición, liderada por figuras como Vargas Lleras, construye una narrativa de incompetencia administrativa, señalando que la intervención ha profundizado el deterioro de la entidad. El resultado es una polarización donde la salud se convierte en el eje de una disputa por la responsabilidad fiscal y la legitimidad del modelo de intervención estatal.