Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecieron ante el juez Alvin Hellerstein en Nueva York para declararse no culpables de los nuevos cargos presentados por la Fiscalía estadounidense. La acusación formal incluye conspiración para cometer torturas contra opositores y ciudadanos estadounidenses, además de extender a Flores el cargo de narcoterrorismo. El exmandatario calificó las imputaciones como una suma de alegaciones falsas, mientras que la defensa y la fiscalía acordaron posponer el inicio del juicio hasta el 14 de junio de 2027. El proceso judicial se desarrolla tras la captura de ambos en enero de 2026 durante una operación militar en Caracas, evento que resultó en la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada. La Fiscalía sostiene que Maduro lideró una estructura represiva que empleó métodos como la privación del sueño, descargas eléctricas y amenazas para mantenerse en el poder. Estos cargos se suman a las imputaciones previas por tráfico de cocaína y posesión de armas, consolidando un caso complejo que involucra a organizaciones como las FARC y el Tren de Aragua. La audiencia también confirmó la negativa del juez Hellerstein a otorgar el arresto domiciliario a Cilia Flores, quien permanece recluida en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. El magistrado argumentó que la ex primera dama representa un alto riesgo de fuga dada la gravedad de los delitos imputados. La próxima instancia judicial está programada para el 17 de diciembre, fecha en la que se discutirán las mociones de la defensa sobre una eventual inmunidad de los acusados.

Análisis político

La estrategia política observada se basa en la judicialización internacional de un régimen depuesto, donde Estados Unidos utiliza el sistema penal para deslegitimar las estructuras de poder previas en Venezuela. Al negar la inmunidad y procesar a los acusados por crímenes de lesa humanidad y narcoterrorismo, Washington busca consolidar la narrativa de un Estado criminal, mientras que los acusados intentan politizar el proceso presentándose como prisioneros de guerra para apelar a una base de apoyo que rechaza la intervención extranjera. En este escenario, el gobierno de Estados Unidos gana legitimidad al demostrar capacidad de acción sobre actores que considera desestabilizadores, mientras que la figura de Maduro pierde toda capacidad de maniobra política al quedar confinado a un proceso penal de largo aliento. La construcción de narrativas es divergente: mientras la fiscalía enfatiza la justicia para las víctimas y la seguridad nacional, los acusados intentan construir un relato de persecución política para mantener su relevancia simbólica frente a sus seguidores.