Minvu adelanta estudio de riesgos en la precordillera tras recientes aluviones en Santiago
Resumen
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo anunció la licitación de un estudio técnico denominado FRIL para evaluar riesgos de incendios, remociones en masa, inundaciones y licuefacción en la precordillera de Santiago. La iniciativa, que cuenta con un presupuesto de 750 millones de pesos, busca actualizar el Plan Regulador Metropolitano y analizar 44 quebradas entre Colina y San José de Maipo. El ministro Iván Poduje explicó que la medida responde a la urgencia de prevenir desastres tras los recientes aluviones que afectaron a la capital.
La licitación se publicará en diciembre, con una adjudicación prevista para marzo de 2027 y una duración de 240 días. El estudio permitirá identificar zonas vulnerables y definir futuras obras de mitigación, aunque el anuncio no contempla intervenciones inmediatas en la infraestructura dañada. El proceso contará con una mesa de trabajo intersectorial que integrará a municipios, la Dirección de Obras Hidráulicas y la supervisión técnica de Sernageomin.
La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, valoró la celeridad del anuncio, aunque cuestionó las trabas administrativas que enfrentan los municipios para acceder a recursos de emergencia. El ministro Poduje defendió la inversión en prevención como una estrategia de ahorro a largo plazo frente a los altos costos de reconstrucción. Actualmente, solo una de las diez quebradas identificadas como de alto riesgo cuenta con obras de control aluvional, lo que subraya el déficit de infraestructura preventiva en la zona.
Análisis Político
La estrategia del Ejecutivo se centra en la gestión de riesgos como un eje de planificación urbana a largo plazo, buscando capitalizar políticamente la respuesta técnica ante una crisis climática evidente. Al adelantar estudios y convocar a expertos, el Gobierno intenta proyectar una imagen de proactividad y responsabilidad fiscal, argumentando que la prevención es más eficiente que la reconstrucción, mientras desplaza la ejecución de obras concretas hacia el futuro.
El evento genera una tensión entre el nivel central y los municipios, donde los alcaldes ganan visibilidad al presionar por soluciones inmediatas, mientras el Gobierno central busca mantener el control del relato técnico. La narrativa oficial se construye sobre la necesidad de actualizar instrumentos obsoletos, mientras que los actores locales utilizan la emergencia para exponer las deficiencias burocráticas en la gestión de desastres, posicionándose como los defensores de la seguridad ciudadana frente a la lentitud administrativa.
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